La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido investigar hay "una posible responsabilidad contable" por los pagos indebidos en el conjunto de prestaciones efectuadas por la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.
La petición del fiscal del Tribunal de Cuentas es a raíz del informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, que cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas existentes durante los años 2016 al 2022. De estos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes ex tutelados, que el Govern de Salvador Illa -a través de la consellera actual, Mònica Martínez, en el cargo desde agosto de 2024- ha aprobado condonar justo este martes, un acuerdo pactado con ERC y los comunes.
El órgano fiscalizador catalán denunció en su informe "un volumen de importes pagados indebidamente" de al menos 167,56 millones de euros, de los cuales 7,17 millones forman parte de expedientes ya prescritos.
La Sindicatura de Cuentas apunta a "hechos que podrían ser perseguibles administrativa y judicialmente". "No se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia en relación con las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos", precisa el órgano fiscalizador dependiente del Parlament.
El documento señaló que las ayudas económicas no llegan a personas que necesitarían percibirlas y subraya que los mecanismos de control han sido ineficaces y no se ha promovido un marco de transparencia.
En su informe, que hizo público en el mes de junio y que hizo llegar al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura concluyó que estos pagos indebidos no respondían "sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza", y advertía que los responsables de las irregularidades "podían ser perseguidos". Los importes perseguibles serían, eso sí, los pagos vinculados a expedientes prescritos, al tratarse de cuantías que ya no pueden recuperarse y que, por tanto, podrían suponer un perjuicio económico para la administración.
"La infracción de la normativa de finanzas públicas de la Generalitat de Cataluña ha comportado que, desde el año 2016, haya expedientes de prestaciones sociales de carácter económico con pagos indebidos, posteriormente no reclamados y prescritos, que han producido un menoscabo efectivo a la Hacienda de la Generalitat", concuye el informe.