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"Nadie se embolsó dinero ni hizo cosas que no debiera; pudo haber incidencias, pero no irregularidades". Con una defensa cerrada de su gestión, ex responsables de la antigua consejería de Asuntos Sociales de la Generalitat, en manos de Esquerra Republicana, han rechazado hoy en el Parlament las sospechas que se ciernen sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), responsable de la tutela de menores y jóvenes tutelados y ex tutelados.
En unas comparecencias ya previstas desde febrero, la comisión de Derechos Sociales e Inclusión ha recibido a Chakir El Homrani, ex consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (2018-2021), Josep Ginesta, ex secretario general de la consejería (2016-2020), y Oriol Amorós, que lo sustituyó hasta 2021 Asimismo, han asistido Ricard Calvo, director de la DGAIA de 2016 a 2017, y Ester Cabanes, que ocupó el mismo cargo entre 2018 y 2024, hasta el cambio de Govern el pasado agosto con la llegada del PSC al poder.
La sesión ha llegado justo dos días después del anuncio por parte de la actual consellera, Mònica Martínez Bravo, de que la DGAIA será refundada y pasará a denominarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Un cambio nominal que implicará una reestructuración del servicio que la titular del Departamento asegura que pondrá el foco en la prevención para evitar casos como el recientemente conocido de una niña de 12 años, bajo custodia de la Generalitat, que sufrió abusos sexuales entre 2020 y 2021.
Una sesión de más de cuatro horas, con ataques cruzados entre Junts per Catalunya y ERC, que tenía como objetivo inicial la reclamación de explicaciones a los cinco altos cargos sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas presentado el pasado noviembre en el Parlament que detectaba irregularidades en las adjudicaciones de plazas a centros de menores gestionados por fundaciones y entidades del tercer sector entre 2016 y 2020.
El órgano fiscalizador autonómico señalaba en ese documento que la DGAIA había utilizado injustificadamente el procedimiento de emergencia, en vez del de urgencia, en la externalización de varios contratos, en los que no hubo publicidad ni libre concurrencia.
Artículo 155 y covid
La cúpula de la dirección general adscrita a la consejería que Esquerra controlaba en su etapa de coalición con JxCat y en su posterior Govern en solitario ha argumentado que el contexto de esta etapa obligó a recurrir a ese mecanismo contractual. Tanto los ex directores generales de la DGAIA como los ex responsables de la conselleria han señalado tres motivos principales: el gran aumento de llegadas de jóvenes migrantes no acompañados, la parálisis presupuestaria tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución (por el referéndum del 1-O y la declaración de independencia en el Parlament) y la pandemia de covid en 2020.
Respecto a la denuncia por mala praxis con las prestaciones económicas y la creación de plazas fantasma que hizo hace unos meses un trabajador del servicio que controla las ayudas públicas a jóvenes ex tutelados, cuyo testimonio está protegido por la Oficina Antifraude de Cataluña, la ex directora de la DGAIA ha minimizado las pruebas aportadas y ha dicho que revisaron los hechos y no hallaron irregularidades.
Cabanes se ha referido también al caso de la menor violada por una red de pederastas y ha insistido en que "nunca estuvo bajo tutela de la Generalitat, sino de sus padres" y que fueron los progenitores quienes decidieron ingresarla en un servicio de prevención y apoyo a las familias en régimen de guarda en mayo de 2021. "Si la DGAIA no hubiera hecho todo lo que hizo, nunca habría existido la operación Damocles (que desactivó la red de abusos a menores)", ha dicho.