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El informe de los Mossos d'Esquadra sobre dos de los teléfonos móviles que utilizaba el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, revela que uno de ellos fue infectado con el programa de espionaje Pegasus a partir del 11 de octubre de 2019, cuando Fernando Grande-Marlaska ya era ministro del Interior en el primer Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy.
En el otro terminal, la policía catalana no ha localizado "ninguna evidencia" que demuestre una infección del software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group para uso de agencias gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
El informe de los Mossos ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona en la causa abierta a partir de una querella interpuesta por el responsable de la Oficina del ex presidente de la Generalitat a través del abogado Gonzalo Boye.
La División de Investigación Criminal del cuerpo policial autonómico acredita que, en uno de los móviles de Alay (un Iphone 8), se localizaron una decena de mensajes de texto recibidos que contienen enlaces de dominios incluidos como indicadores de una infección con Pegasus. El informe señala que el teléfono estuvo infectado hasta el verano de 2020.
El análisis del laboratorio de informática y electrónica forense de la policía, fechado en octubre de 2024 y consultado por EL MUNDO, concluye que, en esos meses, se extrajeron y se enviaron, a través de internet a un destino desconocido, al menos 3,2 gigabytes de información del terminal del historiador y persona de confianza de Puigdemont.
El Iphone 8 examinado se activó el 25 de junio de 2020 a partir de un teléfono antiguo, lo que limita el análisis a los datos que se traspasaron en la copia entre dispositivos. En el otro móvil analizado, un Redmi Go (Xiaomi), se detectó un mensaje de texto con el software malicioso, pero no fue leído.
A raíz de la querella de Alay, el juez ordenó que se recuperaran del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona los dos móviles que le fueron incautados tras su detención, en octubre de 2020, en el marco de la operación Voloh (también denominada Volhov) por la presunta financiación irregular del procés independentista. Hasta entonces, los teléfonos estaban en manos de la Guardia Civil.
Carles Puigdemont
"Franco murió hace 50 años, pero la praxis que permitió que lo hiciera como jefe de Estado y no destituido por una revuelta democrática sigue intacta", ha expresado Puigdemont a través de redes sociales tras conocerse públicamente esta información.
"No fueron Elon Musk ni Donald Trump ni Twitter. Quienes han manipulado durante años y han sacado provecho son políticos, policías, jueces y medios de comunicación convencionales. Todos españoles y muy españoles", ha valorado el presidente de Junts per Catalunya, que se ha referido a "la ultraderecha policial y judicial que infecta teléfonos, espía ilegalmente y manipula informaciones para ensuciar la reputación de personas honorables y limpias como Alay".
Boye, por su parte, ha dicho que pedirá nuevas diligencias judiciales y, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que el informe de los Mossos "demuestra que Marlaska no dijo la verdad en su momento o no tiene controlado lo que hacen sus subordinados". "Para lo único que ha servido el disparate de Volhov es para demostrar el espionaje con Pegasus", ha ironizado el abogado a través de redes sociales sobre el reciente archivo de la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés.
La de Alay es una de las diversas querellas presentadas por el espionaje a decenas de políticos y activistas independentistas revelado en 2022 por el laboratorio de la Universidad de Toronto Citizen Lab, el denominado Catalangate. Recientemente, los Mossos confirmaron también, en un informe pericial, que el móvil del ex presidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) fue infectado con el spyware desarrollado por la compañía NSO en tres ocasiones entre julio de 2018 y marzo de 2020.
La ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban está imputada por el espionaje al ex jefe del Govern, que se habría realizado más allá del período en el que el servicio de inteligencia contaba con el aval judicial. En mayo de 2022, el Gobierno destituyó a Esteban por el caso Pegasus después de que Esquerra Republicana y Junts exigieran a Sánchez depurar responsabilidades.