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El aviso a navegantes llegó a finales de julio. El voto contrario de Junts per Catalunya, junto al PP y Vox, tumbó los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Pedro Sánchez vuelve a estar nuevamente en manos del independentismo en un momento crucial. Como hace un año.
Si, en 2023, dependía de que el partido de Carles Puigdemont y Esquerra Republicana dieran el visto bueno a sus concesiones para ser investido presidente, las cuentas públicas son el actual eslabón en el que trabaja el PSOE para atraerse el voto de ambas fuerzas en el Congreso de los Diputados. Y todo ello con un cambio de escenario nada menor, la reciente llegada de los socialistas al Palau de la Generalitat, con apoyo de ERC incluido.
Sin la certeza de poder amarrar los apoyos necesarios y quitando hierro a una hipotética prórroga presupuestaria, la ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró el pasado martes que el Ejecutivo registrará "en tiempo y forma" el proyecto de ley en las Cortes Generales, lo que significa que tiene hasta el 30 de septiembre como plazo máximo para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.
Cada uno juega sus cartas y Sánchez sabe que las suyas pasan por insuflar presión a dos formaciones inmersas ahora mismo en un impasse político en el que tratan de buscar un nuevo rumbo tras la evidente pérdida de respaldo ciudadano en todo el último ciclo electoral. Con una nueva votación de la senda de estabilidad este mes de septiembre, el Gobierno obligaría a JxCat a retratarse nuevamente o bien junto al bloque de la investidura o con el PP y Vox.
Pero no parece que a los neoconvergentes les pueda suponer un dilema repetir la segunda fotografía. Antes del parón veraniego, Junts también contribuyó a tumbar la reforma de la Ley de Extranjería junto a los diputados de esos dos partidos. Y a idénticos compañeros de voto se unió la semana pasada, en la Diputación Permanente, a la hora de reclamar diferentes solicitudes de comparecencia en el Congreso a Sánchez o la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aunque esta vez sin efectos.
Congresos de ERC y Junts
El curso político en Cataluña arranca en esta ocasión con un elemento novedoso que irradiará la legislatura nacional. Tanto JxCat como Esquerra han abierto un proceso interno que redefinirá este otoño sus respectivas hojas de ruta y liderazgos. Los republicanos, tras la debacle en las elecciones autonómicas de mayo, convocaron un congreso para el 30 de noviembre en el que el dimitido Oriol Junqueras intentará ser reelegido presidente. Enfrente, ahora mismo, solo tiene una candidatura rival, la que, entre otros dirigentes, presentó en público el pasado jueves la diputada Teresa Jordà, aunque aún sin jefe de filas.
Con su renuncia al cargo, el ex presidente de ERC se inhibió durante el proceso negociador de su partido con el PSC para la investidura de Salvador Illa, capitaneado por la secretaria general, Marta Rovira, que abandonará este puesto en el cónclave. Los republicanos, a quienes los socialistas también necesitan en el Parlament para sacar adelantes los Presupuestos de la Generalitat, se enfrentarán próximamente al juego de equilibrios entre dar su plácet a políticas con las que comulgan y la escenificación de unas negociaciones duras para rehuir la caricatura que de ellos hace una parte del independentismo como muleta del socialismo, antes en Madrid y ahora también en Barcelona. Así se entiende la amenaza que, hace diez días, hizo su dirigente Raquel Sans de retirar el apoyo parlamentario al PSOE después de que la ministra Montero negase que el acuerdo fiscal pactado con los republicanos sea un concierto económico como el vasco.
La convocatoria del congreso que Junts celebrará a finales de octubre llegó, en cambio, de un modo menos esperado. Tan solo cuatro días después del fugaz retorno de Puigdemont a Cataluña, con huida posterior nuevamente a Waterloo (Bélgica), los neoconvergentes decidieron avanzar su cónclave, previsto para 2026.
La gran incógnita de la cita que tendrá lugar en Calella (Barcelona) es el rol con el que saldrá el ex jefe del Govern, ahora sin cargo orgánico en la dirección del partido. Pese a que algunas voces han sugerido en los últimos meses que vuelva a ocupar la presidencia, su aura ha ido menguando con los años. No ha ganado ninguna de las tres convocatorias electorales autonómicas en las que se ha presentado como cabeza de lista y el techo de su movilización parece condenado a superar en poco la treintena de escaños.
Además, sin ser eurodiputado, su papel de altavoz internacional del procés se ha visto reducido y su último movimiento táctico, la fuga de agosto, puede acabar dejando su lucha por esquivar a la Justicia española ya como un mero caso particular.

