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Solidaridad unilateral. Este es el concepto que Junts exige para votar a favor de la soberanía fiscal pactada entre Esquerra y el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa. Un cambio a la carta en el sistema de financiación, que rompe el modelo actual en beneficio de Cataluña y necesita del concurso de los neoconvergentes en el Congreso para aprobar la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida como LOFCA.
Y el partido de Puigdemont está decidido a hacer valer sus siete votos en las Cortes para reclamar que sea Cataluña quien fije de forma unilateral el cupo que pagará al resto de territorios y no se haga de manera consensuada con el Gobierno. Es decir, que Cataluña decida qué paga, cuánto y a quién se lo paga.
"Si tenemos un modelo propio y salimos de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y es un modelo donde nosotros decidimos cuál es la cuota que damos al Estado, veremos. Pero no si lo decide el Estado, porque volveremos a estar ahí mismo. Ya nos pronunciaremos", avisó ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado al respecto en Catalunya Ràdio. Es decir, admitió que solo validarán el acuerdo en el Congreso en el supuesto de que la Generalitat fije su propio cupo. "Si es algo que tiene un nombre, y luego es otra cosa, evidentemente no lo bendeciremos", remarcó.
De hecho, en las filas neoconvergentes molestó el acuerdo entre ERC y el PSC porque entendían que la soberanía fiscal tendría que ir asociada a la estabilidad del Gobierno en el Congreso, y no a la investidura de Illa. "La negociación de la financiación propia no debería ir vinculada a una negociación sobre quién quiere ser presidente de Cataluña, sino sobre quién quiere tener Presupuestos Generales del Estado y ser presidente del Gobierno de España", clamó Turull antes de conocer la letra pequeña del acuerdo entre ERC y el PSC. Por ello, ahora Junts intenta imponer sus condiciones, tensa la acuerda y avisa que únicamente votará a favor en el Congreso si es Cataluña la que fija qué paga en concepto de solidaridad a las otras comunidades.
La soberanía fiscal pactada entre ERC y el PSC, que el Govern de Illa dice que cumplirá paso por paso, establece que la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado quedará "limitada" por el principio de ordinalidad: "Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben". Y tendrá que ser "explícita" y se deberá "reflejar de forma transparente", señala el acuerdo entre republicanos y socialistas. Es decir, Hacienda y Generalitat deberán pactarla de forma previa, algo que Junts no quiere: si se propone un cupo para todas las comunidades autónomas será una "tomadura de pelo", según dijo ayer Turull.
Por su parte, el nuevo Govern de Salvador Illa se acoge a esta cuota de solidaridad para defender que la soberanía fiscal de Cataluña "no va en contra de nadie". Una autodefensa ante las críticas de la mayoría de barones autonómicos, también en las filas del propio PSOE, contrarios a esta financiación a la carta para la Generalitat que debería empezar a aplicarse el año que viene, según consta en el documento firmado por PSC y ERC y avalado por Pedro Sánchez.
En este contexto, la portavoz del nuevo Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, sí que puso en valor la "cuota de solidaridad" que Cataluña deberá transferir al Estado. "La mejora de la financiación no puede ir en contra de cualquier otra comunidad autónoma de España", dijo ayer en su primera comparecencia ante los medios.
"El acuerdo que tenemos es claro y lo seguiremos al pie de la letra", abundó Paneque sobre la soberanía fiscal atada para Cataluña con el beneplácito del PSOE.
La encargada de negociar y aplicar este nuevo modelo de financiación a la carta será Alícia Romero, mano derecha de Illa y nueva consellera de Economía. Ella será la encargada de negociar la implantación de la soberanía fiscal con Hacienda y ERC, y la dirigente ha sido uno de los enlaces con los republicanos durante la pasada legislatura. También durante las negociaciones con los republicanos para la investidura de Illa.
En la próxima reunión del Ejecutivo, fijada para finales de agosto, Romero presentará un informe sobre el estado de las cuentas en Cataluña que servirá de base para los Presupuestos de la Generalitat del año que viene. Con la ministra María Jesús Montero aún no hay prevista una reunión oficial -estuvo el sábado en la toma de posesión- por la coincidencia con las vacaciones.