Junts ha esperado a última hora de la tarde para propinar un serio y contundente revés al preacuerdo entre ERC y el PSC avalado ayer por la cúpula de la formación republicana. El partido de Carles Puigdemont tumba punto por punto el pacto suscrito, niega que Cataluña logre la soberanía fiscal -dice que se puede lograr sin necesidad de hacerle president de la Generalitat- y carga contra él de forma directa: "Illa siempre ha sido el más favorable a la represión del independentismo.
En un comunicado de dos páginas, Junts rechaza los acuerdos alcanzados en materia fiscal y financiera, sobre la lengua catalana y la llamada "resolución del conflicto político" y desdeña cada aspecto de la negociación.
En global, el partido de Puigdemont considera que "de una negociación bilateral con el Estado aprovechando la fuerza decisiva en Madrid se pasaría ahora a una negociación bilateral entre uno gobierno español presidido por el PSOE y un gobierno catalán presidido por el PSC y apoyado por ERC en el Parlament". "Y serían ahora Pedro Sánchez y Salvador Illa los encargados de desplegar los acuerdos en ámbitos, como la financiación, la lengua catalana o el reconocimiento nacional, en los que mantienen posiciones idénticas y alejadas de las reclamaciones históricas del catalanismo independentista", señalan los neoconvergentes sobre el hecho de que si Illa es el próximo presidente de la Generalitat sea el encargado de ejecutar el acuerdo suscrito con ERC.
Sobre la "financiación singular" de Cataluña pactada entre ERC y el PSC; Junts pone varias objeciones y duda de su alcance real. "Que la Agencia Tributaria (catalana) pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern no tenga el poder sobre el dinero recaudado, no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, si fuera el caso, en materia de ordinalidad", afirma.
Es más, el partido de Puigdemont rechaza de plano el concepto de "solidaridad" fiscal con el resto de comunidades autónomas que incluye el nuevo modelo pactado entre republicanos y socialistas: "De hecho, el principio de ordinalidad debería venir garantizado por el control del dinero que debería tener la Generalitat y no como resultado del reparto que hace el Estado. Mientras el reparto dependa del Estado a través del concepto "solidaridad territorial" en que la cuota de la supuesta solidaridad no sea fijada por Cataluña, no tendrá nunca la garantía de cumplimiento de las inversiones y de un justo trato".