ERC y el Gobierno siguen avanzando en el ritual que, esperan, conduzca a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, mientras Junts amenaza la estabilidad de la legislatura española para intentar boicotear la entente entre los republicanos y los socialistas.
El president en funciones, Pere Aragonès, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirán hoy en Barcelona para escenificar una aproximación al acuerdo que todavía no puede considerarse definitiva. «De momento, sólo estamos cobrando deudas del Gobierno», alegan fuentes de ERC al EL MUNDO para subrayar que lo que el PSOE está haciendo es ejecutar acuerdos suscritos a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.
Después de que el martes Gobierno y Generalitat sellaran el traspaso de 1.520 millones a Cataluña para financiar el traspaso de Rodalies, la gestión de becas y proyectos de investigación, Sánchez y Aragonès firmarán hoy el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dejando como único asunto pendiente de cobro la ejecución de la quita de 15.000 millones de deuda autonómica, que se condonará «en los próximos meses», según aseguró anteayer la consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas.
En ERC consideran «necesaria» esta puesta en escena para convencer a sus bases de que el eventual acuerdo para la investidura de Illa también acabará cumpliéndose si el socialista se acaba haciendo con la presidencia de la Generalitat.
Tal y como reveló este diario, la semana pasada, durante una asamblea de los republicanos, los cuadros del partido advirtieron a su secretaria general, Marta Rovira, de que «no le haga el juego al PSC ni lo blanquee» bajo amenaza de tumbar el pacto en la consulta vinculante a la que se someterá en caso de acabar cristalizando. ERC ya tuvo que aplazar sine die el congreso en el que la militancia debía avalar el preacuerdo para la entrada en el Gobierno de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, tras detectar una inesperada movilización para rechazarlo.
De ahí que ERC y los socialistas estén esforzándose en evidenciar que sus acuerdos ofrecen garantías de cobro. Junts hizo mucho daño a los republicanos cuando consiguió instalar en el imaginario independentista la idea de que ellos cobraban «por adelantado», mientras ERC fiaba a Sánchez. Y Rovira quiere enterrar esa percepción para evitar que los 8.700 militantes de su partido se rebelen contra un eventual acuerdo con el PSC y el Gobierno.
Desplazar a Sánchez a Barcelona para saldar su última deuda es la imagen que la presidenta en funciones de los republicanos deseaba cuando la semana pasada reclamó una reunión «de alto nivel» con el presidente del Gobierno para avanzar en la investidura de Illa. No está previsto que el jefe del Ejecutivo se vea hoy con Rovira, al considerar más conveniente un encuentro institucional entre presidentes. Así que será Aragonès quien vuelva a exigir en persona a Sánchez un avance hacia la «plena soberanía fiscal» para poder cerrar el pacto sobre la investidura de Illa.
Aragonès no forma parte del equipo negociador de ERC, pero defenderá su posicionamiento del mismo modo que la pasada semana lo hiciera la consejera de Economía de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No obstante, también estará presente en Barcelona el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ya cerró con ERC el pacto de investidura de Sánchez y que también está siendo su interlocutor en el Gobierno para la de Illa.
Fuentes de Moncloa aseguran a este diario que Sánchez acude dispuesto a redundar en su compromiso hacia la «financiación singular» de Cataluña, pero los republicanos aseguran que no se conformarán con un mero juego de palabras. «Sin un paso claro y decisivo hacia la soberanía fiscal, no habrá ningún acuerdo de investidura posible», advirtió Rovira este mismo lunes. ¿Podría ser ese paso claro y decisivo un «compromiso» a abordar a lo largo de la legislatura? Algunas voces republicanas apuntan en esa dirección como única salida posible después de que los negociadores de ERC hayan desechado públicamente el consorcio fiscal mixto compuesto por la Generalitat y el Estado que Illa había propuesto y que tiene encaje legal en el Estatut.
Un concierto a la vasca parece inasumible para el Gobierno, según todas sus declaraciones públicas, y resultaría tremendamente difícil de tramitar en el Congreso: donde deberían modificarse hasta tres leyes, incluyendo la LOFCA, para conceder a Cataluña esa financiación privilegiada fuera del régimen común.
Junts a advertido que derrocará cualquier acuerdo entre ERC y los socialistas para la investidura de Illa que necesite de su apoyo en la Cámara Baja y ayer demostró que no va de farol al tumbar la senda de déficit, el primer paso aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Una Generalitat presidida por el mismo partido que incumple con Cataluña y engorda a la comunidad de Madrid allanaría el camino del desastre», sentenció Carles Puigdemont en evidente aviso a Sánchez horas antes de reunirse con Aragonès.
Los neoconvergentes han perdido el foco desde que ERC está negociando con el PSC -y también con el Gobierno- la investidura de Illa, y están dispuestos a utilizar su fuerza en las Cortes Generales para recuperarlo, como acaban de demostrar. Su objetivo, es pactar el concierto económico en la mesa clandestina que se reúne mensualmente en Suiza para abordar la autodeterminación y el pacto fiscal y arrebatar así el mérito a ERC como ya hicieron con la Ley de Amnistía, que Puigdemont acabó diseñando a su antojo, a pesar de que fue ERC la primera en ponerla sobre la mesa del Gobierno, ya antes de las elecciones generales del pasado año.