«Las decisiones que correspondan a la investidura del president de la Generalitat se tomarán desde Cataluña y se decidirán en Cataluña, como no puede ser de otra manera». Con estas palabras, pronunciadas el pasado miércoles tras comunicarle al presidente del Parlament que aún no había conseguido reunir los apoyos para ser elegido y que, por el momento, renunciaba a presentar su candidatura, Salvador Illa trataba de defender la autonomía del PSC para negociar con ERC los términos de un eventual pacto de investidura.
El primer secretario de los socialistas catalanes lleva negando desde la misma noche electoral del 12-M que vaya a ser Pedro Sánchez quien decida sobre la gobernabilidad de Cataluña. Lo hizo cuando Carles Puigdemont urgió por primera vez al presidente del Gobierno a que ordenara al PSC abstenerse para permitir su «restitución» como president pese a haber perdido los comicios, bajo amenaza de dinamitar la legislatura española. Y vuelve a hacerlo ahora que las reclamaciones de ERC para apoyar su elección -concierto económico y «compromiso sobre el referéndum»- interpelan directamente al Ejecutivo central.
El pasado martes, PSC y ERC inauguraron formalmente la negociación para explorar un posible pacto de investidura que lleve a Illa a la Generalitat. Pero los republicanos no se conforman con este foro y exigen interlocutar también y directamente con el equipo de Sánchez para diseñar el salto de Cataluña a la «plena soberanía fiscal». «Será necesaria una negociación paralela con el Gobierno», defienden fuentes de ERC en conversación con EL MUNDO. «Esto irá de financiación y la financiación sobrepasa a Illa», añaden mientras niegan la posibilidad de que el equipo negociador del PSC pueda hacer de «mensajero» de propuestas que los socialistas catalanes hayan acordado previamente con Sánchez.
«El PSC tiene que saber que si Sánchez no es capaz de mover ficha, será muy difícil que ERC le dé apoyo. La llave hoy está más en manos del Gobierno de Sánchez que en las de Illa», advirtió la pasada semana la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, durante el Consejo Nacional en el que la formación independentista delimitó el perímetro de la negociación. Ahora, ERC pide ya vía directa con el Gobierno, a pesar de que mantendrá los formalismos y seguirá celebrando encuentros con los cargos del PSC designados por Illa para llevar a cabo las conversaciones con los republicanos.
El interlocutor llamado a abordar con Rovira los requisitos relacionados con la financiación y la votación secesionista es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ya negoció con ERC el acuerdo de investidura de Sánchez, que incluyó como contrapartidas la Ley de Amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda para Cataluña o el traspaso de Rodalies.
Aunque por aquel entonces Illa reclamaba un papel en las conversaciones y realizaba manifestaciones públicas reiterando que cualquier acuerdo con los independentistas para la investidura de Sánchez respetaría la Constitución, ERC nunca contempló incluir al líder del PSC como mediador, pese a las consecuencias que la aprobación de la ley para anular las penas del procés iba a tener sobre el escenario político catalán cuando ya expiraba la legislatura. «Puede decir lo que quiera. Aquí no pinta nada», defendían en privado los altos cargos republicanos por aquel entonces para ningunear a Illa.
Evidentemente, la situación actual es diferente porque lo que está en juego es la propia investidura del líder del PSC, pero para ERC abrir una vía de negociación «paralela» con el Gobierno es incuestionable.
Sánchez lo sabe y así se explican los pronunciamientos a favor de la «financiación singular» que realizó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el propio presidente, avalados por Illa, y que desataron la reacción airada de no pocos barones socialistas al comprobar que el Ejecutivo intentaba allanar el camino para privilegiar a Cataluña con un modelo asimétrico.
No compensó al PSOE el malestar generado en sus cuadros, pues ERC reaccionó inmediatamente afeando al Gobierno realizar ofertas a través de los medios, cuando lo que esperan es una negociación bilateral con el propio Ejecutivo.
Además, la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, acusó a Sánchez de «confundir» al asumir la terminología ideada por ERC, esa «financiación singular», para referirse a una mejora de la financiación que mantendría a Cataluña dentro del régimen común. Sans fue clara al precisar que lo que espera su partido es un cupo como el vasco o el navarro que permita a la región recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, 52.000 millones anuales.
Los republicanos reclaman al Gobierno una modificación de la Ley Órganica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para sacralizar el régimen de financiación propio para Cataluña y se niegan a cuantificar, por el momento, a cuánto ascenderían la cuota de solidaridad para compensar a las comunidades autónomas menos pudientes ni la que se transferiría al Estado para pagarle por los servicios que presta en Cataluña.