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El PP y Vox recurrirán al Tribunal Constitucional la participación de los diputados huidos de la Justicia en el primer pleno de la legislatura catalana, celebrado esta tarde.
El líder regional de los populares, Alejandro Fernández, ha advertido antes de la votación para elegir a los siete componentes de la nueva Mesa del Parlament que su partido presentará un recurso de amparo ante el TC contra el voto a distancia de Carles Puigdemont y Lluís Puig (Junts) en la sesión constitutiva, después de que el propio tribunal de garantías tumbase el pasado miércoles la decisión de la Cámara, en la pasada legislatura, de permitir la participación telemática de Puig, que ya era diputado autonómico.
Vox emprenderá este mismo camino y, además, ha anunciado que presentará una querella por desobediencia y prevaricación contra los dos miembros de la Mesa de Edad que han admitido la delegación del voto. El órgano encargado de dirigir de forma transitoria el inicio de la legislatura, con la elección del nuevo órgano rector de la Cámara, lo componen el diputado de mayor edad, como presidente, y los dos más jóvenes como secretarios. En esta ocasión, los tres miembros son Agustí Colomines (JxCat), de 66 años, Mar Besses (ERC), de 25, y Júlia Calvet (Vox), de 23, que es la única que ha emitido un voto particular en contra de permitir la participación de Puigdemont y Puig.
Mesa de Edad
El diputado Joan Garriga (Vox) había reclamado previamente a Colomines reconsiderar la decisión de la Mesa de Edad y convocar una Junta de Portavoces para abordar la admisión de los votos del ex presidente de la Generalitat y su ex consejero, que huyeron a Bélgica en 2017 tras la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El diputado de Junts ha denegado esta petición esgrimiendo que, al no estar constituidos todavía los grupos de la Cámara, no hay portavoces [los partidos disponen ahora de ocho días hábiles para hacerlo].
La sentencia que el TC emitió la semana pasada, que daba respuesta a un recurso de amparo presentado por el PSC, indica que no puede considerarse «circunstancia constitucionalmente válida» para aceptar el voto telemático de un diputado que «voluntariamente haya decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española» y que tenga «una orden judicial de busca y captura».
A los casos de Puigdemont y Puig se les suma el de un tercer miembro de la Cámara que hace medio año trasladó su residencia a Suiza para esquivar la acción de la Justicia. Se trata de Ruben Wagensberg, de Esquerra Republicana, investigado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, aunque su situación es distinta al tener la baja médica.