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Ganada la batalla política, el independentismo ya ha puesto el foco de su estrategia de defensa de la amnistía en la presión sobre los jueces. Cuando el 14 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la proposición de ley, la vía parlamentaria quedaba ya resuelta, a la espera del lapso de dos meses de hibernación en el Senado hasta el retorno a la Cámara Baja para la validación definitiva del pasado jueves.
Lo avanzaron en la propia sesión plenaria los portavoces de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En sus discursos desde la tribuna, hubo espacio para la reivindicación de la medida de gracia para los encausados del procés como «una victoria frente al Estado», pero sobre todo para advertir que no aceptarán la oposición en los tribunales a su aplicación. «Aún falta la votación del partido judicial, que votará y ya sabemos lo que votará», ironizó el jefe de filas de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que pidió la colaboración de «los demócratas españoles» para «no permitirlo».
«Nuestra arma es la razón y no hay policía ni periodista ni juez patriótico que lo tumbe», dijo a su vez la neoconvergente Míriam Nogueras. La portavoz de JxCat añadió: «Que no les guste esta ley no significa que no sea legal».
La aprobación de la norma del olvido penal ha servido para recoser una cierta unidad en el soberanismo catalán, siempre complicada pero especialmente maltrecha en los últimos años. En el exterior del Congreso, el abrazo entre el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como del resto de diputados y dirigentes de ambos partidos, escenificó una imagen hoy poco habitual.
Sindicatura de la amnistía
Bajo el lema «Amnistía: una conquista colectiva», JxCat, ERC, CUP, Òmnium Cultural y otras entidades de la sociedad civil organizaron ayer un acto en el patio de la antigua prisión Modelo de Barcelona para celebrar su consecución. El manifiesto conjunto calificó la ley como «una victoria arrancada al Estado» con la que «nada empieza ni acaba», sino que debe ser «un paso más en la resolución democrática del conflicto». Precisamente Òmnium, la asociación que junto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) lideró el procés desde las calles durante la pasada década, presentará el próximo lunes una sindicatura con la que hará «un seguimiento sistemático y exhaustivo de la aplicación de la amnistía».
El caso más significativo será, sin duda, el de Carles Puigdemont. El ex presidente de la Generalitat y líder de JxCat, pendiente de que la aplicación de la amnistía le permita regresar a España, dijo ayer que «la estrategia de confrontación inteligente debe continuar y reforzarse» porque «esto no ha acabado».
En un acto de la campaña del partido para las elecciones europeas del 9 de junio, Gonzalo Boye, el abogado del aspirante a repetir como jefe del Gobierno catalán, pronosticó «una batalla jurídica europea en la que habrá cosas muy divertidas». En una conferencia titulada «La estrategia judicial del exilio», el letrado ridiculizó el informe remitido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte de los fiscales del Tribunal Supremo Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, en el que califican como no amnistiable la malversación de caudales públicos que se imputa a Puigdemont y Junqueras, entre otros.
Para no quedarse atrás, también ERC dio ayer su primer paso en la internacionalización de la amnistía. Los republicanos reclamaron a las instituciones de la Unión Europea y a Naciones Unidas «amparar los derechos y libertades fundamentales, el Estado de derecho y la democracia». Esquerra se dirigió por carta al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para reivindicar la medida de gracia y, a la vez, advertir de «los riesgos en su aplicación por parte de la judicatura española».
La misiva alerta a estos organismos de «intereses partidistas o personales» a la hora de implementar la norma, ya que existe la posibilidad de que «los jueces abusen del derecho», como ERC considera que ocurrió tras los indultos de 2021 o la reforma del Código Penal de 2022.