La Generalitat de Cataluña ordenó a las direcciones de sus institutos «no tener en cuenta los errores ortográficos y gramaticales» en las nuevas pruebas de evaluación de español a las que se sometieron los escolares de segundo de ESO el pasado mes de abril y que pretendían medir el nivel de conocimiento de esta lengua mediada la educación secundaria obligatoria.
En un manual dirigido a los docentes designados para corregir los exámenes diagnósticos, el Departamento de Educación de la Generalitat precisa que «los errores ortográficos y gramaticales no se tienen que tener en cuenta, salvo que dificulten seriamente la comprensión del significado de la respuesta».
Señala la circular -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- que el «propósito» del documento es «proporcionar los criterios de corrección específicos para asignar de manera fiable y precisa la puntuación a las respuestas del alumnado para las preguntas de respuesta abierta». Además, subraya que, «cuando la respuesta sea globalmente correcta, pero contenga algún pequeño error o imprecisión (que no entre en contradicción con los aspectos correctos de la respuesta), los docentes correctores deben tender, siempre que sea posible, a considerarla completa o parcial más que nula».
Defiende el Govern de la Generalitat que «esta prueba de evaluación constituye una de las líneas de mejora de la educación en Cataluña», cuyos resultados fueron puestos seriamente en entredicho en el último informe PISA.
Así lo asegura el Departamento de Educación en la resolución por la que se aprobaron las «directrices» para la realización del examen diagnóstico para este curso 2023-2024. Un examen que también se realizó en lengua catalana, inglesa, matemáticas y ciencias experimentales.
Según la resolución, firmada por la ahora consejera de Educación en funciones, Anna Simó, el pasado 9 de febrero, «esta evaluación interna, diseñada para medir la adquisición de competencias y conocimientos en segundo de ESO, debe permitir mejorar los resultados del alumnado».
Es más, sostiene el documento oficial que la prueba debe convertirse «en un punto de referencia para la adopción de medidas y decisiones de mejora en la educación, con la voluntad de aumentar la calidad del sistema educativo y los resultados de los aprendizajes del alumnado».
Tanto los exámenes como los manuales de corrección en los que se toleran errores ortográficos favoreciendo unos mejores resultados en la evaluación del español han sido diseñados por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, el ente dependiente de la Generalitat a cuyas conclusiones se aferra habitualmente el Govern para defender que existe una equidad en la enseñanza del castellano y el catalán en las escuela de Cataluña, para presentar la catalana como una lengua «minorizada» que debe ser protegida y potenciada en los centros y, por ende, para justificar la continuidad del sistema de inmersión lingüística.
«Medimos los aprendizajes, no los porcentajes y el sistema educativo catalán da la absoluta garantía de que, en cuarto de ESO, los alumnos tienen una plena competencia de catalán y castellano», alegó el ya ex consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, cuando decidió no aplicar la sentencia del Tribunal Superior Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a impartir un 25% de materias en español en todos los colegios de Cataluña. Poco después, aprobaría un decreto y una ley para sortear la sentencia. El Tribunal Constitucional (TC) analiza ahora su legalidad.
Esa medición de la que hablaba Cambray y a la que sigue agarrándose el Govern incluirá, ahora, los resultados de la prueba de segundo de ESO, corregida con los laxos criterios establecidos por la Generalitat.
El Ejecutivo de ERC también aclaró que no piensa tener en cuenta las conclusiones del informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que cuestiona el modelo monolingüe en catalán.
Una eventual investidura del socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo, tampoco derivaría en un cambio del modelo lingüístico en las escuelas catalanas, puesto que el PSC ideó junto al independentismo el armazón legal que, por el momento, impide la aplicación de la sentencia del 25%.