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A pesar de que siguen sin tener en la mesa un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos, PP y Vox han descongelado sus relaciones en Baleares tras la escalada de tensión del pasado mes de marzo, cuando los de Santiago Abascal se llegaron a alinear con el PSOE balear para bloquear la capacidad de maniobra financiera del Ejecutivo que preside Marga Prohens (PP).
Tras la intervención de la cúpula nacional de Vox y la reunión entre Prohens y una emisaria del partido enviada por Bambú, ambas formaciones han reactivado sus negociaciones y han encauzado antes de la festividad de Semana Santa algunos acuerdos estratégicos. Una confluencia al menos coyuntural.
En los últimos cuatro días, ambos partidos, que iniciaron la legislatura como aliados (aunque sin que Vox entrara en el Govern) para luego romper por decisión de Abascal, han alcanzado acuerdos en dos de las áreas más sensibles para el gobierno regional del PP.
El viernes pasado ambas formaciones acordaron desbloquear el decreto de medidas turísticas publicitado el mes pasado por Prohens. Un plan todavía en fase de tramitación para, sobre el papel, tratar de paliar los efectos negativos derivados de la masificación turística.
Empantanados
El decreto estaba en el alero por la negativa tajante de Vox a apoyarlo. Tras plegarse el PP a algunas de las exigencias de los que fueron aliados de investidura, finalmente el acuerdo para el decreto fue desvelado el pasado viernes. Entre otras cosas, el partido que en Baleares lidera Manuela Cañadas reclamaba la supresión del incremento de la ecotasa. La suavización del decreto ha propiciado que Vox varíe su posición y avance que le da apoyo, aunque de momento no está claro cuándo entrarán en vigor las principales medidas.
Tras la escenificación de aquel entendimiento, hoy se visualizará en el Parlamento regional el segundo de los acuerdos de este deshielo político entre ambas formaciones en Baleares.
Será a lo largo de este martes cuando Vox apoye en la Cámara legislativa la aprobación del decreto de vivienda que impulsa la consejería que dirige José Luis Mateo (PP), y que tiene como objetivo paliar el galopante déficit de vivienda que padece la región. La falta de vivienda en el mercado libre es considerado por los actores del sector inmobiliario como uno de los factores que ha catapultado el precio de las casas, provocando una situación de creciente emergencia habitacional en el archipiélago.
Uno de los planes del gobierno del PP para combatir esa escalada de precios (además de la de fomentar el alquiler seguro, avalado por la administración pública) pasa por crear nuevo suelo edificable en terrenos situados en las coronas urbanas de Palma y permitir su edificación con la obligación de que parte de las viviendas (un 50%) se destine a vivienda de precio limitado.
La medida ha provocado la inflamada reacción de los principales partidos de izquierdas. El PSOE lo califica de «fiesta» del «pelotazo urbanístico». Además, de entrada el decreto no contó con el apoyo de Vox, sin cuyos diputados el PP no cuenta con mayoría absoluta en el Parlament. Inicialmente Vox declaró que votaría en contra. El argumento esgrimido entonces fue que la habilitación de suelo adyacente al núcleo urbano de Palma para posibilitar la construcción de 20.000 viviendas debía extenderse a otros municipios.
Esta decisión del grupo parlamentario llegó a provocar incluso un cisma interno en el partido, ya que su líder en Palma, el general retirado Fulgencio Coll, sí se mostraba partidario de aplicar esas medidas en Palma. Ante la amenaza de bloqueo, y tras la interlocución directa de Prohens con la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluís , los de Abascal apoyarán finalmente el decreto, que, eso sí, deberá ahora tramitarse como ley. A cambio, los de Prohens han admitido extender esas medidas a otros 24 municipios de las Islas además de Palma.
En el paquete de concesiones, se ha incorporado una medida contra la ocupación ilegal de viviendas. El Govern balear excluirá de la obtención de ayudas y de la posibilidad de acceder a viviendas sociales a quienes hayan sido condenados por usurpación.
Con estos dos movimientos políticos para desbloquear medidas del Govern de Prohens se allana el camino a una eventual aprobación antes de verano de los presupuestos autonómicos de 2025, que quedaron en un cajón tras el portazo de Vox en todas las comunidades autónomas a finales del pasado año.