ANDALUCÍA
Política

PP y Vox se entienden en los ayuntamientos y salvan pactos en Sevilla y Valencia mientras sigue la pugna autonómica

La alcaldesa de Valencia y el de Sevilla aceptan las exigencias del partido de Abascal sobre la ZBE

El alcalde de Sevilla y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, firman el acuerdo para sacar adelante el presupuesto.
El alcalde de Sevilla y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, firman el acuerdo para sacar adelante el presupuesto.Julio MuñozEfe
Actualizado

El Partido Popular y Vox se están entendiendo en los ayuntamientos y han logrado salvar los presupuestos de Sevilla y Valencia. Mientras, sigue la pugna autonómica, con los posibles pactos que pudieran fraguarse tras las elecciones en Extremadura y los que pudieran venir más adelante, tras los comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

En las elecciones del pasado domingo en Extremadura, el PP de María Guardiola ganó, pero no alcanzó la mayoría absoluta que le habría permitido liberarse del partido que lidera Santiago Abascal, que subió de 5 a 11 escaños. En esta comunidad autónoma, todavía no se vislumbra un pacto entre ambas formaciones que allane el camino hacia la investidura de Guardiola.

No es así en Sevilla y Valencia. El Ayuntamiento hispalense, donde el PP gobierna en minoría, aprobó este martes sus presupuestos para el año que viene, que se elevan a 1.380 millones de euros, tras el acuerdo de última hora alcanzado por los populares con Vox.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendió que el acuerdo con Vox «no traspasa ninguna línea roja» porque se centra «en la gestión y se aleja de los matices ideológicos». El pacto sellado recoge las exigencias de Vox sobre inmigración y la zona de bajas emisiones (ZBE) en la Cartuja, que ya planteó la semana pasada, ante la negativa de los populares.

Precisamente en vísperas de las elecciones extremeñas, el partido de la extrema derecha puso sobre la mesa al alcalde de Sevilla dos condiciones de última hora: que no se impusieran multas en la ZBE de la Cartuja y que se restringiera el acceso al padrón a los inmigrantes que hayan entrado en España de forma irregular.

Finalmente, ambas condiciones se plasmaron en el acuerdo firmado por el PP y Vox, pero se recogieron con la suficiente ambigüedad para que no colisionen con las leyes estatales. Habrá «intensificación del control del padrón municipal», de tal manera que se exigirá la «acreditación de identidad en vigor» para inscribirse y se elaborará un «protocolo reforzado de comprobación de la residencia».

En Valencia, el pacto de PP y Vox ha permitido sacar adelante "el mayor presupuesto de la historia", con 1.250 millones de euros para 2026. En palabras de la alcaldesa, la popularMaría José Catalá, la aprobación de las cuentas "en tiempo y forma" demuestra que el consistorio de la capital es una "Administración seria". De hecho, el acuerdo presupuestario entre los socios de gobierno se produce sin que sus partidos se hayan sentado aún a negociar las cuentas autonómicas del próximo año. El Gobierno de Juanfran Pérez Llorca ya ha enfriado su aprobación hasta que no haya un "clima no electoral".

Ahora bien, la firma de Vox para aprobar los presupuestos no le ha salido gratis a Catalá, a pesar de que ha logrado sortear el voto en contra de Compromís y PSOE. A cambio, la alcaldesa ha visto caer en saco roto su propuesta de ZBE para Valencia. El rechazo de su socio a aprobarla -Vox ya tumbó la primera ordenanza en noviembre- obligará al Ayuntamiento de Valencia a asumir los 14 millones que costará mantener congelados los precios de los autobuses municipales. Y ello porque, al no implantar la ZBE, Valencia se quedará sin las ayudas del Gobierno central al transporte que permitían subvencionar parte de los billetes.

Pese al pacto para aprobar las cuentas, PP y Vox han protagonizado varios choques en este último año. Especialmente grave fue la ruptura del grupo municipal de los de Abascal, que mantiene en sus filas a dos concejales díscolos con la dirección precisamente para garantizar a Catalá la estabilidad de su gobierno. Vox tuvo que readmitir a Juanma Badenas y Cecilia Herrero después de que el primero fuese señalado por el presunto amaño de contratos y suspendido temporalmente de militancia, tras lo cual su compañera denunció acoso laboral. Los votos de estos dos concejales, a los que Vox no da ninguna visibilidad, son claves para sostener la mayoría absoluta de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia.