El botín de los ERE, unos 680 millones de euros de fondos públicos, no solo se repartió entre prejubilados, empresas en crisis e intrusos incluidos en los expedientes de regulación de empleo que los gobiernos socialistas subvencionaban generosa y arbitrariamente. Una parte de aquel maná que salió del «fondo de reptiles» de la Consejería de Empleo andaluza benefició, además, a un reducido grupo de personas con un denominador común, un par de requisitos que no estaban establecidos en ninguna norma: eran amigos o vecinos o compañeros de partido (el PSOE) de quienes manejaban la caja del dinero.
Esta forma de beneficiar a propios la practicó con especial énfasis Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y uno de los hombres clave de toda la trama corrupta por la que se sentaron en el banquillo incluso los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo y ahora pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras el intento del Tribunal Constitucional de borrar el caso ERE anulando parcialmente sus sentencias de culpabilidad.
Guerrero hacía gala de una gran generosidad a costa de los recursos públicos que manejaba por su cargo y se prodigaba en hace «favores» a quienes tenía más cerca y, supuestamente, atravesaban una complicada situación económica.
Lo hacía, según ha declarado ahora probado la Audiencia de Sevilla, despreciando cualquier legalidad, sin otro criterio que el suyo propio y usando el dinero público como si fuera suyo, tal y como constató la Guardia Civil durante la investigación del caso ERE, identificando a un buen puñado de beneficiarios en el entorno personal del ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía.
Cuatro fueron los principales y entre ellos el ex alcalde socialista de El Pedroso, la localidad de la Sierra Norte de Sevilla de la que era natural y donde comenzó su carrera Javier Guerrero. Rafael Rosendo terminaba su carrera en 2007 y viendo que no podía volver a su antiguo trabajo en una carpintería, llamó a su amigo y compañero de militancia para pedirle ayuda. Guerrero rara vez decía que no a un amigo.
No se lo dijo a otro de sus amigos del pueblo, a Antonio Arquero, ex minero jubilado y antiguo taquillero de la piscina municipal, cuando fue a su casa -a apenas 50 metros de la del ex director general de Trabajo- a pedirle una paguita. Con el dinero que le dio Guerrero arregló su casa y liquidó la hipoteca.
Rosendo y Arquero no han llegado a ser condenados porque ambos fallecieron antes de que el caso -en el que el tribunal admite dilaciones indebidas- fuese sentenciado.
Pero sí han sido condenados, a penas de cárcel e inhabilitación, otros dos miembros del círculo íntimo de Guerrero. Amigos y vecinos de El Pedroso, donde era sobradamente sabido que Guerrero daba paguitas a los suyos cuando había problemas.
Rafael Ruiz García lo sabía cuando llamó a la puerta de su amigo Guerrero y le explicó sus problemas económicos tras el cierre de su empresa en 2005. El ex alto cargo del PSOE le dio una paga con la que se embolsó 91.000 euros.
Más dinero se embolsó Alejandro Millán, militante del PSOE de El Pedroso y vecino de Guerrero, más de 333.000 euros de fondos públicos que le arreglaron la vida.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla les ha condenado a ambos dando por probado lo que la Guardia Civil había descubierto, que para conseguir una paga con cargo al presupuesto de la Junta bastaba con ser amigo (o vecino) de quienes gestionaban la Junta entonces.
Ruiz ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por malversación y dos de inhabilitación por prevaricación. Millán, a un año y diez meses de cárcel y cuatro de inhabilitación. El precio, postrero, de los favores de ser amigos de Guerrero.