La Junta de Andalucía se enfrenta a una sanción de 5 millones de euros por no dar de alta a los auxiliares de conversación que colaboran en las clases de idiomas en los centros educativos y que cada año contrata el Ministerio de Educación por acuerdo con los países de origen. En su mayoría son jóvenes que se encuentran generalmente de viaje de estudios en España y reciben una subvención del Gobierno a cambio de dar apoyo en las enseñanzas de lengua extranjera, participando en algunas clases.
Según ha podido saber EL MUNDO, el expediente sancionador fue comunicado a la delegación en Sevilla de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con fecha de 26 de mayo de 2025, y en él se informaba a la Junta de que tenía un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones.
El Programa de Auxiliares de Conversación (PAC) es un proyecto amparado por los Convenios Bilaterales de Cooperación Cultural, Científica y Técnica suscritos entre los países participantes, que favorecen la participación de estudiantes de los últimos cursos universitarios (así como titulados universitarios igualmente interesados en esta experiencia) en centros educativos extranjeros. A través de este programa se fomenta el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura entre los países participantes.
Es el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de la Secretaría de Estado de Educación, el que convoca anualmente plazas para la selección de auxiliares de conversación extranjeros que desempeñarán su tarea en centros educativos públicos de toda España a través de una convocatoria de subvenciones, siendo el propio Ministerio el que asigna y determina el número auxiliares que corresponde a cada comunidad autónoma.
La financiación del programa corre a cargo de las comunidades autónomas, que les facilitan una ayuda para la manutención y alojamiento en España, con el abono de una asignación mensual de 800 euros desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo del año siguiente. También corre con los gastos de una póliza de seguros que garantiza la cobertura sanitaria de todos los auxiliares de conversación de países no comunitarios y para los comunitarios que no dispongan de la tarjeta sanitaria europea. Los auxiliares no pueden permanecer en Andalucía más de un curso escolar.
En las alegaciones presentadas por la Consejería de Educación se recuerda que es el Estado "quien negocia y determina la figura con la que llegan a España y quedan destinados al fomento del servicio público docente; y es el Estado el que configura normativamente su tratamiento y condiciones, no dándole carácter de trabajadores sino de subvencionados".
Por tanto, considera que no se puede culpar a la Junta de la infracción a la Seguridad Social que la Inspección de Trabajo ha señalado pues se trata de un programa del que no es responsable, "ya que es el propio Estado español, el que, en el ejercicio de sus competencias exclusivas y los tratados internacionales suscritos, fija y diseña el PAC, a través de resoluciones, acuerdos o de las propias guías del auxiliar que anualmente edita, sin que la comunidad autónoma tenga intervención en el procedimiento".
La Junta alega también que la cantidad abonada no se considera un salario sino una ayuda para la financiación de la estancia y del intercambio cultural. "Los auxiliares no acuden a España para conformar una relación laboral, sino en pro de convenios internacionales con objeto de potenciar el plurilingüismo", añade la Consejería.
El auxiliar de conversación está presente en las clases de lengua extranjera en los centros educativos y realiza algunas tareas, siempre bajo la supervisión del docente, como son la introducción a los estudiantes en la civilización y cultura de su país, el refuerzo en la práctica oral, apoyando en clases de conversación, en particular en temas de pronunciación. "Pero en ningún caso puede desempeñar tareas propias de los docentes, como son la gestión administrativa, evaluación y asignación de calificaciones, gestión del desarrollo de la clase y cumplimiento de objetivos, planificación de situaciones de aprendizaje a desarrollar en el aula, tutoría o la selección de materiales generales del curso", subraya el escrito de alegaciones presentado.
Se trata, por tanto, de un "intercambio cultural", aduce la Consejería, con estancias de 8 meses que ni siquiera cubren la duración de un curso completo. Y, aunque existe una posibilidad de renovación de la subvención, ésta está siempre limitada a 2 o 3 años en función de cada comunidad autónoma.
En contra de lo que pretende la Inspección de Trabajo, la Junta argumenta que los auxiliares de conversación no precisan autorización de trabajo, por no exigirlo la normativa de extranjería y conforme con las indicaciones que marca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, competente en la materia. "No obstante, si hubiera que solicitar algún permiso de trabajo, sería obligación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es el que selecciona al personal y el que los introduce en el país", añade.
1.800 auxiliares en Andalucía
En el último curso han colaborado en los centros andaluces un total de 1.800 auxiliares de conversación repartidos por las ocho provincias. La sanción se ha producido a raíz de la investigación que la Inspección de Trabajo ha realizado sólo en la provincia de Sevilla, por lo que, si ese mismo criterio se aplicara al conjunto de la comunidad, la sanción sería mucho mayor.
La multa que afronta la Junta tiene dos componentes. Por un lado, la Inspección de Trabajo aprecia una infracción muy grave en materia de extranjería por incorporar a territorio de la Unión Europea lo que el Ministerio de Trabajo califica como "trabajadores extracomunitarios", proponiendo una sanción de 4.098.066,00 euros. La segunda acta de infracción calcula una sanción de 952.987,54 euros como suma de las liquidaciones parciales de las cuotas a la Seguridad Social, al entender que este personal tiene una relación laboral.
"Existe un descontrol entre ministerios de un mismo gobierno"
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, se ha dirigido al Ministerio para reclamar una solución que, de momento, no ha llegado. "Es un hecho incuestionable que es su Ministerio, junto con el competente en materia de Asuntos Exteriores, quien gestiona la entrada en España y, por tanto, en territorio comunitario, de estas personas, por lo que cualquier responsabilidad en materia de extranjería, de haberla, no sería en ningún caso de esta comunidad autónoma, sino del Gobierno de España", subraya la consejera en el escrito.
La Junta ha comunicado también al Ministerio que, aunque tiene voluntad de continuar participando en el programa, no firmará un nuevo acuerdo mientras no se aclaren las condiciones de la colaboración.
La Consejería cree que el Ministerio de Trabajo ha emprendido "una causa general" contra la figura del auxiliar de conversación y su programa, ideado por otro Ministerio de Estado, "pero sin corregir nada, hacer autocrítica ni mejorar su propio hacer, dirigiendo su mirada de señalamiento y pretensión de recaudación económica a las comunidades autónomas que poco pueden corregir (...) e incumpliéndose el principio de lealtad institucional que debe regir las relaciones interadministrativas".
En declaraciones a EL MUNDO, Carmen Castillo lamenta el "descontrol" que esta situación refleja en la coordinación entre diferentes ministerios (Trabajo, Educación y Asuntos Exteriores) dentro del mismo Gobierno. "Mientras ese falta de coherencia no se resuelva no podrán venir más auxiliares a los centros andaluces", ha concluido.