Un joven secretario judicial se ha convertido en el principal acusado del robo de 17 millones de euros en criptomonedas procedentes de una operación internacional vinculada al narcotráfico, que se encontraban bajo custodia judicial, y que ha supuesto la mayor incautación de criptomonedas en España.
Este robo de guante blanco se produjo el pasado mes de diciembre cuando el detenido se hizo con las palabras claves de la cuenta en la que se habían depositado los millones de euros en criptomonedas intervenidos y cuyo valor ha ido fluctuando en función de los vaivenes económicos que afectan a este tipo de moneda. De hecho, el montante robado ha llegado a alcanzar los 19 millones de euros y posteriormente continuó su variación una veces al alza y otras a la baja, según han confirmado fuentes cercanas al caso.
El arrestado, tras haber accedido a las contraseñas, esperó unos meses a que fueran entregadas al órgano encargado de su conversión a euros - la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia- para perpetrar el robo y aumentar así el número de sospechosos que podrían estar implicados en los hechos. Con esta maniobra, trató de eludir sin éxito, finalmente, la investigación judicial y a la sistema judicial que por su trabajo tan bien conocía.
La incautación de las criptomonedas se remonta a septiembre de 2024 cuando los investigadores, en el marco de la operación Geld, participaron en una operación internacional en el sur de España contra un estafador que trataba de blanquear dinero ilícito obtenido con el tráfico de drogas.
En el momento de la incautación de las criptomonedas estas tenían un valor de 17 millones de euros y las claves de las carteras digitales donde se almacenaban quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado que permaneció varios días custodiado.
Posteriormente este sobre fue enviado a una cuenta de consignaciones judiciales que se guardó en una cámara acorazada hasta su traslado, meses después, hasta la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
La sustracción de las criptomonedas se llevó a cabo antes de que el contenido del billetero electrónico en el que se habían depositado fuera entregado a la ORGA que al proceder a la procedió a la monetización de los criptoactivos por orden judicial en enero de 2025, descubrió que las carteras estaban prácticamente vacías.
Cuando el robo se descubrió y al presunto autor quedó al descubierto a manos de los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga, facilitó los datos necesarios que han hecho posible la recuperación de la totalidad de lo robado, que ha sido reintegrado a la autoridad judicial.
Lo robado era mucho y dio lugar a una ardua investigación. Los agentes se centraron en todas las personas que habían estado en contacto con el sobre en el que se guardaban las contraseñas. Se llevó a cabo un análisis pericial del sobre y no se pudo localizar ninguna huella ajena a las personas que podrían haber accedido a las claves de manera legítima. Eso estrechaba el círculo y ponía el foco en un grupo reducido de funcionarios, entre los que se encontraba el secretario sustituto del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que cuando se produjo la incautación se encontraba realizando una sustitución.
El sospechoso, que se definía a sí mismo como criptoinversor y que había comprado una billetera de cripto para guardar de manera segura las claves privadas, "era plenamente consciente del valor de lo intervenido" -aseguran fuentes policiales- y había indicios sobrados de que podía, incluso, haber demorado la entrega del sobre a la cuenta de consignaciones judiciales. Además, según los investigadores, había programado la llegada del sobre al organismo en Madrid encargado de su conversión en euros en fechas próximas a la ejecución del robo.
Las claves, en una bola de papel
Con toda la información recabada, los agentes procedieron al registro simultáneo de tres localizaciones donde podrían esconderse las claves de las carteras digitales delictivas y en uno de los registros, bajo el marco de una puerta, encontraron una bola de papel en la que estaban apuntadas doce palabras que, tras la detención del principal sospechoso, se comprobó que se trataba de las claves de accesos a las carteras virtuales donde se almacenaban las criptomonedas robadas.
El principal sospechoso, licenciado en derecho y que ejercía como secretario judicial sustituto, accedió al trabajo a través de la bolsa de trabajo secretarios Judiciales Sustitutos que permite a licenciados en Derecho acceder a tareas en órganos judiciales.
Le encargaron sustituir a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que se encontraba realizando una comisión de servicio en Madrid, desde el mes de octubre de 2023 hasta finales de 2024, cuando estaba previsto que se reincorporase a su puesto la letrada titular. Aunque había trabajó como gestor administrativo, era la primera vez que ejercía estas funciones en un órgano judicial.
El sospechoso, que está en libertad provisional y suspendido cautelarmente de sus funciones en el órgano judicial, se encuentra investigado por la presunta comisión de un delito de malversación cometida por funcionario público y de infidelidad en la custodia de documento público.
Si bien el Juzgado de Guardia en el que prestó declaración el día 9 de abril ya acordó mediante auto la suspensión de sus funciones como letrado de la Administración de Justicia, el secretario coordinador de Málaga ha elevado una petición al Ministerio de Justicia para que el investigado sea expulsado definitivamente o cesado de la bolsa de trabajo de secretarios judiciales sustitutos.