- Entrevista El juez Alfredo de Diego: "Los jueces se ajustan a la ley y no a lo que dicen los tuiteros"
¿Qué es el lawfare? ¿Cómo afectan las puertas giratorias en la judicatura? ¿Por qué ahora se están escuchando con más fuerza que nunca críticas desaforadas al Poder Judicial por parte de miembros del ejecutivo y legislativo? Y la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿Existe una colonización política del Tribunal Constitucional? ¿Qué importancia tienen causas judiciales como la de los ERE y el procés? ¿Y la amnistía a los condenados por el procés catalán?
A todas estas preguntas y a muchas más da respuesta el manual Pesos y contrapesos. Injerencias de la política en la Justicia (editorial Colex), que han coordinado los magistrados Jesús Manuel Villegas y Alfredo de Diego y que esta semana se ha presentado en Sevilla.
El libro, de más de 600 páginas, es una obra coral escrita por más de una treintena de intelectuales, la mayoría perteneciente al mundo del derecho y del periodismo, con prólogo del catedrático Francisco Sosa Wagner, presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Este manual aporta "munición intelectual" para no perderse en el entramado de males que aquejan al sistema judicial español porque en él están diagnosticadas "todas las enfermedades", según ha explicado Jesús Manuel Villegas en la presentación de Sevilla.
Los autores se han explayado con algunas recientes reformas, que están guiadas por "gente cercana al poder que quiere preservar sus privilegios", pero "se ve con los huesos en la cárcel". Por ello, se plantean "salvoconductos" para que estos "privilegiados", ha alertado Villegas, que también es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
La importancia del libro radica, según Alfredo de Diego, en haber concitado la participación de profesionales de distintos ámbitos, como magistrados, fiscales, abogados, catedráticos, periodistas o abogados el Estado. A todos les une la preocupación por "la deriva autocrática del Gobierno" de Pedro Sánchez, "dedicado a desmontar los contrapesos del Estado de derecho". Y todos ellos denuncian estas circunstancias "sin pelos en la lengua", ha señalado De Diego.
En el extenso manual, no queda sin analizar "ninguno de los pilares de la Justicia definitivamente asaltados, o intentados asaltar, por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha destacado el magistrado De Diego.
El caso de los ERE
Durante la presentación del libro ha estado muy presente la macrocausa de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España, que supuso la condena de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros ex altos cargos de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE por parte de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. Sin embargo, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) anuló parcialmente estas penas.
El caso está ahora a la espera de las sentencias que debe dictar la Audiencia, a partir de la nueva realidad judicial trazada por el TC. Antes de redactar esos fallos, la Audiencia ha planteado elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ante esta decisión, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, maniobró para tratar de impedirlo, pero finalmente desistió porque la Audiencia y cualquier juez de España están legitimados para elevar una cuestión prejudicial ante la justicia europea, ya que el derecho de la UE tiene "primacía" sobre el de los países miembros.
"Con unas agallas increíbles, los magistrados de la Audiencia de Sevilla" han planteado acudir al TJUE, ha subrayado Villegas. "Se avecinaba, aparentemente, un enfrentamiento de Goliat contra David. Pero, finalmente, Conde-Pumpido hubo de plegar velas, ahondando en el desprestigio del alto tribunal y en su imagen de politización sesgada", ha detallado De Diego.
En su resolución, los magistrados de la Audiencia alegan que las sentencias del TC sobre los ERE podrían haberse "extralimitado" y haber "invadido" los "ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales". Además, la Audiencia ha considerado que el borrado del caso impulsado por el TC podría atentar contra el derecho de la UE y las "exigencias internacionales de lucha contra la corrupción".
El borrado consiste en que, inicialmente, tanto la Audiencia como el Supremo consideraron que el Gobierno andaluz había malversado los casi 680 millones de euros que repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Más tarde, el TC legalizó buena parte de esa suma millonaria porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. Pero la última palabra judicial sobre la macrocausa de corrupción de los ERE todavía no está escrita.