Eliminar viviendas e infraestructuras edificadas en zonas de alto riesgo de inundación. Es una de las peticiones que han lanzado este martes. coincidiendo con las alertas por inundaciones en distintos puntos del país, los expertos, ecologistas y representantes de sindicatos y asociaciones de consumidores agrupados en torno a la Mesa Social del Agua.
Este colectivo asegura que la eliminación de lo construido en estas zonas de alto riesgo de inundación, junto a otras medidas en el campo y las ciudades, serán una "tarea difícil y de larga implementación", que requerirá el "consenso" de "todos" los afectados, "pero ineludible si no queremos repetir, y aún aumentar, los impactos de las inundaciones.
Según los últimos datos disponibles, en España 473.750 personas viven en zonas potencialmente inundables durante un periodo de 10 años. En el conjunto del país, hay 25.000 kilómetros de longitud que se podrían ver afectados por inundaciones, según cifras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicadas en un exhaustivo mapa del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables.
Las inundaciones representan uno de los "mayores desafíos" para las comunidades y municipios en todo el mundo, advierte la Mesa Social del Agua, que expresa su "solidaridad" con todas las víctimas y damnificados por las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos de estas últimas semanas en Andalucía, y otras zonas de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
El último balance de víctimas de las inundaciones que provocó la DANA del pasado 29 de octubre eleva hasta 223 la cifra de fallecidos, todos ellos ya identificados: 215 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Además, los desaparecidos son actualmente 17, seis menos que los registrados hasta el lunes.
En estos momentos de "conmoción por la tragedia" es necesario reforzar la idea de que "debemos de planificar más rigurosamente los riesgos que producen tanto las inundaciones como las sequías, intensificadas por el cambio climático, con el objetivo de minimizar los daños sobre las personas, los bienes y los propios ecosistemas", señala la Mesa Social del Agua.
Para ello, habría que hacer un "cambio de rumbo" en los "modelos de ocupación" del territorio y utilización del territorio, "en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico", que incluye una aplicación rigurosa de cartografía y planes de gestión del riesgo de inundación, apostillan los expertos.
Los municipios
Uno de los puntos clave para abordar los problemas derivados de las inundaciones extremas son los municipios, que deberían contar con un "plan de actuación", que es una "herramienta vital" para la "prevención, mitigación y respuesta eficaz" ante este tipo de fenómenos extremos. Estos planes municipales deben contribuir a "salvaguardar la seguridad y el bienestar" de las comunidades locales frente a los "efectos del cambio climático" y los diferentes escenarios de riesgo de inundación, destaca la Mesa del Agua.
"Es necesario adaptar la urbanización, las infraestructuras de transporte, las actividades agrarias y forestales, a las características propias de los riesgos que afectan a cada territorio", resume el colectivo. Entre las adaptaciones, "habrá que eliminar viviendas, construcciones e infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación", implementar medidas de "retención de agua" en los espacios agrarios e implantar "sistemas de drenajes sostenible" en las ciudades.
El avance de la aridez
La gravedad de las inundaciones también está relacionada con el avance de la aridez y la pérdida de suelos, que deben paliarse -según la Mesa Social del Agua- con sistemas de cultivo adaptados al terreno y con planes de mantenimiento y recuperación de masas forestales, así como forestaciones que contrarresten los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas litorales especialmente vulnerables.
A pesar de lo intensas que han sido las lluvias de otoño, éstas no han sido suficientes -advierte la Mesa Social del Agua- para resolver las situaciones de alerta incluso emergencia de algunas zonas de Andalucía por la falta de agua, especialmente en las Cuencas Mediterráneas, como la Axarquía.
"Es necesario no perder la perspectiva que la sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, y el deterioro de la salud de los ríos, humedales y acuíferos están en la base de la profunda crisis estructural del agua en Andalucía", señalan.
La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias de unas comarcas a otras, "sobrepasa" la disponibilidad del recurso actual, afirma la Mesa Social del Agua, que aclara que el déficit es estructural, y se mantiene "a duras penas, en muchos casos, por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas".
"Es inaceptable que, salvo los acuíferos de Campo de Dalías y Doñana y alguna otra excepción, ninguna otra masa de agua subterránea esté declarada sobreexplotada de acuerdo con los planes hidrológicos vigentes que deben, entre otras cosas ordenar y racionalizar el uso del agua sin poner en riesgo el mantenimiento de los ríos, humedales y acuíferos", remarca la Mesa Social del Agua.
De la Mesa Social del Agua forman parte las asociaciones ecologistas Greenpeace, WWF, Seo Birdlife y Ecologistas en Acción; las asociaciones agrarias COAG y UPA; los sindicatos UGT y CCOO; la agrupación de consumidores Facua, la Fundación Nueva Cultura del Agua (integrada por expertos del sector privado, técnicos y profesores de universidad); la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento; y la Fundación Savia en defensa del entorno rural que preside Francisco Casero.