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Un empresario de Jerez, Salvador M.B., propietario de la compañía Plantasur, ha aceptado este lunes una condena de dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación absoluta por beneficiarse de una ayuda de 225.000 euros concedida de forma irregular por parte de la Junta de Andalucía, con cargo a la partida 31L, la conocida como 'fondo de reptiles' porque sirvió para abonar cientos de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
La vista oral por esta pieza separada del caso ERE se ha celebrado esta misma mañana y ha concluido con lo que se denomina una "sentencia de conformidad", que es la que se produce por acuerdo de todas las partes y permite dar por concluido definitivamente el proceso. El empresario deberá abonar 225.000 euros (la misma cantidad que recibió) en concepto de responsabilidad civil.
El dueño de Plantasur era el único acusado en esta causa, dado que los tres altos cargos de la Junta que aprobaron la subvención fraudulenta ya fueron enjuiciados en la pieza principal de los ERE. Se trata de Juan Márquez, ex director general de Trabajo; Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo; y el ex consejero Antonio Fernández. Los tres fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo, aunque esas sentencias están ahora pendientes de revisión a instancias del Tribunal Constitucional, salvo en el caso de Barberá, que no llegó a recurrir.
Para los tres, la Audiencia determinó que debía aplicárseles el principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces a la misma persona por los mismos hechos, aunque hay otros tribunales de la misma Audiencia que vienen sosteniendo que los hechos que se juzgan en las piezas separadas (por cada una de las ayudas concedidas) son diferentes a los que se sometieron a juicio en la pieza principal, en la que se valoró la relevancia penal del "procedimiento específico" creado en la Junta para eludir los controles en el reparto de los fondos.
Según describió la Fiscalía en su escrito de acusación, el empresario pidió el 23 de diciembre de 2009 al entonces director general de Trabajo una ayuda por valor de 450.000 euros para resolver los problemas de liquidez que tenía la compañía. El 8 de febrero de 2010 le fue concedida una subvención de 300.000 euros, con el beneplácito del viceconsejero y del consejero "prescindiendo de todo procedimiento". Finalmente cobró el 75% de lo previsto, que es lo que ahora tendrá que devolver.
Durante la vista oral celebrada este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el acusado ha reconocido los hechos y, tras el acuerdo de las partes personadas, que son la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A, el tribunal ha dictado sentencia in voce (de forma oral) en la propia sala y ha condenado al acusado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación absoluta y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de 225.000 euros por la cuantía de la ayuda recibida por parte de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años. Todas estas resoluciones son ya firmes dado que las partes se han comprometido a no recurrirlas. Con ésta son ya veinte las sentencias que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a piezas separadas del caso ERE, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).