ANDALUCÍA
Política

Andalucía reclama al Gobierno un 'plan b' para el Campo de Gibraltar ante el estancamiento de la negociación con el Reino Unido

El ministro Albares traslada la presión al Reino Unido y le pide que firme un pacto que es "generoso" y "equilibrado"

El ministro Albares junto a los consejeros Antonio  Sanz y Arturo Bernal, y los alcaldes del Campo de Gibraltar.
El ministro Albares junto a los consejeros Antonio Sanz y Arturo Bernal, y los alcaldes del Campo de Gibraltar.FERNANDO ALVARADOEFE
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El Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un 'plan b' para el Campo de Gibraltar ante el estancamiento en el que parece encontrarse la negociación con el Reino Unido, a sólo un mes para que entren en vigor los nuevos controles en la frontera, que incluyen la identificación de los datos biométricos de trabajadores y viajeros, que puede generar serios problemas en la verja de acceso y salida del Peñón.

Según ha trasladado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a los alcaldes de la comarca y a la Junta de Andalucía, aún hay flecos que resolver en la negociación. El Gobierno no ha ofrecido, por tanto, garantías de que el pacto se cierre antes del 10 de noviembre, cuando habrá que aplicar en la frontera del Peñón el Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). Los alcaldes de la comarca se muestran preocupados por cómo esos nuevos controles van a afectar a los trabajadores que a diario cruzan la verja, pero el Gobierno cree que los mayores perjudicados serán los habitantes de Gibraltar, cuyas estancias en España se limitarán a un máximo de 90 días cada seis meses, según las normas fronterizas.

Albares ha intentado trasladar esa presión al Reino Unido, al que ha reclamado que "diga sí" a las condiciones para el pacto que España y la Comisión Europea han puesto sobre la mesa, recordándole de que, de no hacerlo antes del 10 de noviembre, entrarán en vigor los nuevos controles en la verja.

"Llevamos muchos años negociando". "Ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo", ha afirmado el ministro tras su reunión con los alcaldes y el Gobierno andaluz. A este respecto, ha subrayado que la propuesta planteada prevé la "inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen y libertad de circulación para personas y mercancías. "Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles en la verja".

De los detalles de ese acuerdo nada se conoce fuera de la mesa de negociación, lo que solivianta a la Junta, que reclama participar en los contactos al mismo nivel que lo están haciendo las autoridades locales de la colonia británica.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha afirmado a la salida de la reunión con Albares que el Gobierno "no puede dejar a esos andaluces abandonados" si el acuerdo no llega. Sanz le ha pedido su implicación para que desde el Gobierno de España y desde la Unión Europea se articulen medidas fiscales especiales que permitan a la comarca competir en condiciones de igualdad con el Peñón.

Antonio Sanz considera que "no basta con que se cierre cualquier acuerdo", sino hay que aprovechar la oportunidad para firmar "el mejor acuerdo" que permita salvar las diferencias fiscales que actualmente sitúan en desventaja a la comarca con respecto a la colonia británica.

El consejero asegura que, por lo que trasciende de la negociación, "se habla mucho de aire y de tierra en el acuerdo, pero no de la parte marítima", y las últimas actuaciones de Gibraltar, que está ganando terreno al mar, pueden convertirse en una amenaza para los intereses del puerto de Algeciras si Gibraltar hace una política agresiva de tasas.

Sanz ha insistido, por tanto, en que el Gobierno debe "barajar todos los escenarios" y diseñar un "plan b" si no hay acuerdo. Y ese plan tendría que incluir el apoyo de la UE para establecer un estatuto fiscal propio para el Campo de Gibraltar que evite la competencia fiscal en dos territorios limítrofes en los que, a un lado de la verja hay un impuesto de sociedades al 10% y, al otro, del 25 %.

También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se encuentra de viaje en Bruselas, ha reclamado un acuerdo que establezca condiciones de igualdad entre el Campo de Gibraltar y el Peñón: "Todo lo que no sea una igualdad fiscal entre Campo de Gibraltar y Gibraltar, todo lo que no sea un avance en la cooperación de ambos, más allá de la propia reclamación de la soberanía que está encima de la mesa, va a ser un fracaso".

Las "colas" volverán a la verja sin acuerdo

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha explicado que el acuerdo debe exigir a Gibraltar el respeto a la protección ambiental, apuntando, por ejemplo, la paradoja de que las autoridades del Peñón no inviertan en la depuración de aguas. "Y no se puede permitir que nos roben el espacio con los rellenos de tierra ni podemos permitir presiones hacia la Guardia Civil del mar", ha añadido.

Por su lado, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha pedido a las partes que avancen en la negociación con "pasos valientes" hacia la desaparición de la verja.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha lamentado que, si el acuerdo no está antes del 10 de noviembre, las colas volverán a la verja por la aplicación de los nuevos controles fronterizos. La falta de acuerdo tendrá "repercusiones importantes para nuestra economía" ya que hay muchos vecinos de Gibraltar que tienen una segunda residencia al otro lado de la verja o que acuden a diario a La Línea para hacer compras y acudir a sus restaurantes o sus playas.

La reacción de Gibraltar

Tras conocer las declaraciones del José Manuel Albares, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha defendido que "Gibraltar ha puesto sobre la mesa acuerdos de compromiso que respetan las posiciones históricas de todas las partes y garantizan la seguridad del Espacio Schengen y la integridad del Mercado Único".

"España tiene que decidir si acepta estas propuestas razonables y bien equilibradas o si insiste en posiciones que saben que no podemos aceptar y, de ese modo, nos condena a todos a controles que harán más difícil la vida de los trabajadores y de la ciudadanía en general", ha añadido Picardo sin especificar cuáles son esas condiciones "inaceptables". "Sigo siendo optimista y espero que nuestras propuestas razonables, o una derivación de ellas, puedan funcionar para todas las partes", ha añadido.