Mikko Hyppönen se hizo relativamente famoso a mediados de la década pasada gracias a un experimento. Convencido de que muy pocos usuarios se molestaban en echarle siquiera un vistazo al contrato que firmaban con gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Spotify para utilizar sus servicios, este experto finlandés en seguridad informática animó a su empresa a instalar un punto de WiFi gratuito en pleno distrito financiero de Londres. Como es habitual, cualquier interesado debía validar los términos y condiciones de uso antes de acceder a dicha red. La novedad fue que Hyppönen incluyó lo que llamó cláusula de Herodes, por la que el usuario se comprometía a ceder a su primogénito para toda la eternidad.
Pues bien, se registraron seis personas.
"La mayor mentira en internet es 'He leído y acepto los términos y condiciones'", señaló entonces Hyppönen a propósito de un experimento que, visto lo visto, sigue arrojando parecidas conclusiones a día de hoy, cuando teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, relojes, televisiones, libros electrónicos y cualquier otro dispositivo con conexión reciben por regla general la misma respuesta del ser humano que hay al otro lado de la pantalla cada vez que le preguntan por su conformidad: sí, estoy de acuerdo. Clic.
Que millones de personas sigan sin tener ni idea de lo que implica aceptar a ciegas las políticas vinculantes de algunas de las principales corporaciones del planeta ha quedado de manifiesto con la decisión de Twitter de cerrar la cuenta de Donald Trump. La red social ha sustentado esta decisión precisamente en una violación del acuerdo de los términos y condiciones de uso por parte del entonces hombre más poderoso del planeta. Idéntico pretexto al que ha recurrido en España para suspender temporalmente este jueves la cuenta de Vox por "incitar al odio" contra los musulmanes, o Amazon para desalojar de sus servidores a la plataforma Parler, la favorita de los ultranacionalistas estadounidenes.
Así que quizá ha llegado el momento de reparar de una vez por todas en unos textos que los internautas han estado pasando por alto por sistema. Si a nadie se le ocurriría dar por bueno el borrador de la declaración de la renta al tuntún o tomar un medicamento ignorando las contraindicaciones del prospecto, habrá que preguntarse por qué una mayoría se ha vuelto indiferente o directamente irresponsable respecto a estas otras especificaciones.
Hemos olvidado la calma y la necesidad de tomar decisiones tranquilas en el momento de firmar un contrato, algo que sería impensable en el caso de una hipoteca o de un seguro
Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas españoles, atribuye al "exceso de confianza" la propagación de una actitud en la que se mezcla el más absoluto desinterés hacia las consideraciones de carácter técnico-legal con la imposibilidad real de entenderlas. "Están los que dicen: si se lo ha descargado mi primo y no ha pasado nada, pues yo también", apunta la letrada sobre las apps que se ponen de moda, por ejemplo. "Y por otro lado, están los que se preocupan un poquito más y piensan: si en el contrato hay algo contrario a la ley, ésta me acabará amparando. Pero, ¿y si la ley no llega porque no hay recursos materiales para protegerte? ¿Y si el daño es irreparable?".
Para Carlos Sánchez Almeida, en cambio, el clic por inercia a cualquier documento sobre términos y condiciones de uso que nos pongan por delante obedece a "la adicción a la velocidad" propiciada por la sociedad ultraconectada. "Hemos olvidado la calma y la necesidad de tomar decisiones tranquilas en el momento de firmar un contrato, algo que sería impensable en el caso de una hipoteca o de un seguro", apunta uno de los profesionales del Derecho especializado en internet y nuevas tecnologías con más prestigio de España.
Leandro Núñez expone un tercer motivo por el que la lectura de las políticas de consentimiento, sobre todo las de empresas tecnológicas, resulta disuasoria para el común de los mortales: que en realidad no han sido redactadas para clientes, sino para abogados. "Están pensadas como defensa en caso de que alguien plantee una reclamación", confiesa un letrado que desarrolla su labor en las áreas de protección de datos y propiedad intelectual.
Sea por uno solo o por la combinación de estos factores, la realidad es que los consumidores se estrellan una y otra vez frente a eso que el escritor Albert Camus, en un tiempo todavía analógico, definió como "muros absurdos" (El mito de Sísifo, Ed. Literatura Random House). Es decir, que el encendido de un teléfono móvil de última generación exija una revisión previa de tropecientos folios de contrato. O que para abrir una cuenta de correo electrónico haya que examinar el contenido de 20.000 palabras -la extensión equivalente a los dos primeros capítulos de El Quijote- alusivas a disposiciones opacas y jerga jurídica en las que las empresas se escudan para librarse de cualquier responsabilidad.
Anticipándose a una eventual demanda, y aunque suena a broma, Apple prohíbe el uso del reproductor iTunes para la fabricación de armas nucleares o biológicas (epígrafe g). Y Amazon se compromete por escrito a poner a disposición la plataforma de videojuegos Lumberyard en caso de apocalipsis zombi (apartado 42.10).
La dimensión del disparate crece si se tiene en cuenta que un estudio publicado en la revista Boston College Law Review en 2019 reveló que para entender los términos de una empresa estándar son necesarios hasta 14 años de escolarización. Otra investigación de la Universidad Carnegie Mellon permitió saber que el estadounidense medio tendría que dedicar 76 días únicamente a leer las políticas de las empresas tecnológicas de las que echa mano regularmente. Ojo, y eso fue en 2012, más o menos cuando se popularizó el eslogan La vida es demasiado corta para quitar un USB de forma segura.
La mayoría de empresas tecnológicas utilizan 'patrones oscuros', que hacen que el consumidor tome decisiones no en su interés, sino en el de la propia empresa
En semejante contexto, no extraña que los tribunales y los legisladores americanos estén empezando a alzar la voz reclamando un cambio radical de los contratos de términos y condiciones de uso, que tanto recuerdan a "la parte contratante de la primera parte" de la película Una noche en la ópera. Eso permitiría restablecer algo parecido al equilibrio entre el ciudadano de a pie y los gigantes de Silicon Valley.
"Muchas empresas tecnológicas, por no decir la gran mayoría, utilizan lo que se llaman dark patterns [patrones oscuros]. Es una técnica de diseño de páginas web y aplicaciones que hacen que el consumidor tome decisiones no en su interés, sino en el de la propia empresa. ¿Por que crees que es tan fácil unirse a Facebook o suscribirse a Amazon Prime, y tan difícil salirse o anular el contrato?", explica el argentino Agustín Reyna, director de asuntos legales y económicos de la asociación europea de consumidores BEUC.
¿Y qué dice de la sociedad contemporánea el hecho de haber normalizado que para usar ciertos servicios haya que empollar al nivel de un opositor de Notaría y que para comer en un restaurante, repostar en una gasolinera o ver una película en el cine no sea necesario dar ok a ningún tocho? "Demuestra lo débiles que somos frente a las grandes empresas tecnológicas y lo fácil que es para ellas imponernos sus reglas de juego", añade Reyna. "Si vas a un restaurante y la comida te la sirven fría, llamas al camarero y te la cambian. Si te entra un virus en tu ordenador producto de un fallo en una app o en el sistema operativo, buena suerte. Por más que la legislación te proteja, las empresas van a tratar de ampararse en sus términos y condiciones para no responder".
La Unión Europea disfruta de los mejores estándares de protección de consumidores del mundo, como demuestra su legislación pionera en materia de protección de datos (RGPD). En España, además, no es tan fácil hacer trampa. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (Ley 34/2002) regula la validez de los contratos firmados a golpe de ratón y establece que cuando la contratación se efectúe con consumidores, el prestador del servicio "deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida".
Por otro lado, la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/ 1998) estipula que la redacción de las cláusulas generales "deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" y que "las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho".
Eso no quita para que, al margen del argot hiperespecializado y el cuerpo de texto kilométrico, exista margen para otras argucias. "El truco legal es la doble capa de información", admite Tejerina. "La empresa ofrece una información básica de entrada y, ya si quieres seguir investigando, bajas al siguiente nivel. Eso está establecido por norma para obligar al prestador de servicios a dar una información básica muy visual e inteligible. Pero claro, luego te pones a ver exactamente qué es lo que hay en esta segunda capa y te puedes encontrar de todo".
Te digo una cosa: he escrito más términos y condiciones que los que he leído, y me dedico a esto
La demanda de mayor simplificación explica el premio a la Proactividad y Buenas Prácticas que la abogada Paloma Llaneza y la empresa Visual Thinking recibieron el pasado jueves por su trabajo Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia. Se trata de un proyecto de implantación gratuita que desarrolla un sistema de iconos que facilita la comprensión de las condiciones a empresas y organismos públicos. No es mala idea en un mundo donde la letra ha perdido terreno frente el emoji y el mensaje de audio.
"Te digo una cosa sinceramente: he escrito más términos y condiciones que los que he leído, y me dedico a esto", admite Núñez. "Busquemos un equilibrio: simplifiquemos la norma por un lado y primemos al mismo tiempo aquellas cláusulas que sean claras y sencillas".
-¿Te has sentido incómodo alguna vez redactando estos textos?
-Siempre tratamos que sean lo más win-win posible. Es verdad que depende del cliente. Hay algunos que quieren unos términos más legalistas porque a lo mejor se trata de un modelo de negocio que tiene más riesgo, o de una multinacional y esa parte viene impuesta desde la matriz. En esos casos no recibes tanta satisfacción como cuando escribes unos términos más amigables. Pero bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que cumplan con la norma. Y tanto los amigables como los no amigables, hoy por hoy lo hacen.
Hoy empiezan a verse señales de tolerancia menguante hacia la extralimitación cotidiana de las empresas tecnológicas. Cada vez hay más denuncias en los tribunales y más quejas en los departamentos de atención al cliente y en las asociones de consumidores, según los abogados consultados en este reportaje. Aunque el gran hito tuvo lugar hace apenas una semana: WhatsApp se veía obligado a posponer del 8 de febrero al 15 de mayo la fecha tope para aceptar su nueva política de privacidad y de intercambio de datos, tras comprobar la huida masiva de usuarios a otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram. Una pequeña victoria del consumidor que ya no está dispuesto a ceder su privacidad a cambio de servicios gratuitos, como puso de manifiesto el ruso Pavel Durov, fundador de la plataforma que permite comunicarse sin dejar rastro de las interacciones.
"Muchos de los eventos que hemos vivido en los últimos años, como la elección de Trump, el Brexit, las revelaciones del escándalo de Cambridge Analytica o las terribles escenas en el Congreso estadounidense, han demostrado lo frágil que es nuestra democracia y lo fácil que es manipular a los ciudadanos. Y eso ha abierto los ojos de muchos, con independencia del color político", contextualiza Reyna desde Bruselas. La representante de los internautas españoles no lo ve con tanto optimismo: "El hartazgo es común y generalizado en la gente. Ahora bien, pregunta uno por uno y te dirán: si es cómodo, me da igual". Sánchez Almeida coincide con ella: "Desgraciadamente, a nuestra sociedad le falta mucha cultura en materia tecnológica y en materia de privacidad, y es algo que va a aprender a golpes".
La pandemia podía haber supuesto un punto de inflexión en ese sentido. Sin embargo, no ha sido así. "Aceptamos todo lo que nos ofrecen en internet como algo maravilloso y que nos va a hacer la vida más fácil, aceptamos lo que venga de una app creada en un país equis del que no conozco absolutamente nada ni sé lo que van a hacer con mi información... Y de repente se presenta Radar COVID y decimos: no me fío, me da miedo, viene del Gobierno. Hablo de España porque nos afecta a nosotros, pero cualquier Gobierno europeo ha experimentado la misma reacción", señala Tejerina la evidente paradoja.
Según la última actualización, con fecha 17 de enero de 2021, la aplicación móvil de rastreo de casos positivos por coronavirus ha sido descargada por 6.705.557 personas en España, lo que representaría en torno a un 14% de la población total. En su presentación hace medio año, las autoridades sanitarias situaron en un 20% el porcentaje mínimo para que la herramienta de seguimiento fuera efectiva. Eso les pasa por no dejar la letra pequeña en manos de Google.
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