La ministra de Educación, Isabel Celaá, tiene cada vez más difícil negar que su polémica ley -contra la que el domingo se manifestaron decenas de miles de personas en toda España- responde a una cesión ante los independentistas por su voto favorable a los Presupuestos. Por más que ella y el resto del Gobierno lo desmientan, garantizarse un apoyo para el resto de la legislatura de EH Bildu y ERC, además de blanquear al partido que presume de representar el legado de ETA, implica también atacar por sectarismo ideológico la enseñanza concertada y la educación especial, y eliminar de facto el castellano como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Por eso ha calificado de «desobediencia» el anuncio de Pablo Casado de poner en marcha varias iniciativas legislativas en las cinco autonomías que gobierna el PP (que representan al 45% de la población nacional) para neutralizar la ley. Olvida Celaá que las comunidades autónomas tienen cedidas las competencias en materia educativa y pueden, sin caer en desobediencia alguna, legislar de la manera que les parezca más conveniente para defender los derechos y libertades de los ciudadanos.
Sin embargo, ese es el argumento que el Gobierno ha esgrimido para responder en el Congreso a Cs sobre la forzosa inmersión lingüística que se está llevando a cabo en los centros educativos de Ibiza. Un profesor del instituto Sant Agustí de la isla balear denunció que la dirección del centro le obliga a hablar catalán, a pesar de ser castellanohablante, porque las normas están "por encima de los derechos individuales". Ante este atropello, desvelado por este periódico, el Gobierno echa balones fuera y recurre, forzando la ley y pasando por encima de los derechos del profesor, a la explicación -en este caso improcedente- de que son las CCAA las que deben gestionar la educación en sus territorios. Celaá trata con un rasero distinto las demandas de los partidos constitucionalistas y las de sus socios nacionalistas que aplican políticas excluyentes.
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