El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), que fue aprobado ayer en comisión en el Congreso, abona el terreno para que en los próximos años el catalán sea la lengua hegemónica de las universidades de Cataluña y avanza en la creación de un sistema universitario propio en esta autonomía. Al menos 12 artículos, la mayoría incorporados en su trámite parlamentario, muestran cómo la presión de los partidos nacionalistas ha convertido lo que era una ley que regulaba el sistema universitario estatal, con sus reglas de juego comunes en toda España, en una norma que consagra la existencia de varios sistemas universitarios, tantos como autonomías hay.
El dictamen del informe de la ponencia de la Losu fue aprobado ayer con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 15 en contra (PP, Vox y BNG) y dos abstenciones (Bildu y Ciudadanos). El texto, que sustituye a la ley de 2001, pasa al Pleno, donde será debatido y previsiblemente aprobado el próximo día 22.
El PP se quejó de que PSOE y Podemos no admitieran la mayoría de sus sugerencias y, a cambio, aceptaran íntegramente o mediante transacción 101 de las 112 enmiendas de ERC, 94 de las 100 de Bildu o 50 de las 57 del PNV. «Es la ley de los partidos nacionalistas y un asalto a la autonomía universitaria», advirtió la portavoz popular de Universidades, María Jesús Moro, denunciando que la educación superior está en la «subasta de fin de año» de cesiones a ERC, junto a los cambios en la sedición y la malversación. Éstas son las concesiones del Gobierno:
Informar de la lengua: art. 33
Uno de los triunfos de ERC es haber conseguido que la Losu obligue a los profesores a especificar en los planes docentes de su asignatura en qué lengua van a dar las clases antes de que se matriculen los alumnos. Esto que parece una exigencia razonable -de hecho, ya se hace en buena parte de los campus- también permitirá en Cataluña vigilar a los docentes que usen el castellano.
La medida incluida en el artículo 33 de la ley orgánica apareció antes en el plan de fortalecimiento de la lengua catalana impulsado por la Generalitat que el pasado verano firmaron todas las universidades públicas y privadas del territorio, salvo la Abat Oliva. Este plan prevé que los alumnos puedan denunciar a los profesores que dan clases en castellano y configurar listas negras con el horizonte de que en 2025 el 80% de las asignaturas se imparta en catalán.
Ahora esta lengua se habla en un 70% en los grados y en un 40% en los máster, pero el Govern dice que hay profesores que, aun habiendo avisado de que van a dar las clases en catalán, luego se pasan al español. Al obligarlos a informar en qué lengua dan sus clases, podrán controlarlos más fácilmente. ERCha presumido estos días de que la medida «avanza en la defensa de los derechos lingüísticos».
Nación diluida: art. 69, transitoria cuarta y toda la ley
PSOE y Podemos han aceptado varias enmiendas para que, donde ponía «nuestro país» o «territorio nacional» se sustituya por «el Estado». Las agencias autonómicas de evaluación pasarán a llamarse simplemente «agencias de evaluación». Y la acreditación de la Aneca deja de definirse como «estatal». No es sólo un formalismo, porque las agencias autonómicas se ponen al nivel de la Aneca y podrán participar en la acreditación de los funcionarios.
La Losu obliga a la Aneca a acordar en un plazo de un año convenios con las agencias autonómicas para que sean éstas las que evalúen los méritos de los candidatos (disposición transitoria cuarta). Podrán poner los requisitos que consideren en cada territorio: por ejemplo, el dominio del catalán. El artículo 69 contempla el «pluralismo lingüístico» como una de las condiciones que se tienen que valorar en la evaluación.
Castellano desaparecido: arts. 2, 11, 20, 27, 56 y toda la ley
La Losu no dice nada de que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza. Es verdad que la ley de 2001 no lo indicaba, pero tampoco imponía «la promoción» de las lenguas cooficiales (artículos 2 y 20), que ahora la norma llama «oficiales» o «propias». No sólo habrá un Erasmus catalán (artículo 27), sino que ésta se convierte en lengua de investigación (artículo 11) y de transmisión universitaria (artículo 20).
Será obligatorio hacer planes específicos para fomentar las lenguas cooficiales y se dará más dinero a quien más use el catalán (artículo 56). El castellano no sale en ningún momento.
Modelo autónomo: art. 64
La Losu atiende la petición de Cataluña de crear una vía laboral en paralelo a la funcionarial (artículo 64). Esto permitirá a la Generalitat poner a profesores «de la cuerda» y crear «un sistema clientelar» vinculado a la Administración al margen de las normas estatales, según los sindicatos. ERC no lo niega y dice que así se «preserva el modelo catalán».
Junqueras rector: art. 51
El personal laboral puede llegar incluso a ser rector (artículo 51), un cambio que sólo respaldan los campus catalanes. Esto permitiría que, tras las reformas de los delitos de malversación y sedición, alguien como Oriol Junqueras, condenado a 13 años de inhabilitación por el 1-O, pudiera presentarse a rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor contratado de Historia.
En función de cómo interprete el Tribunal Supremo los últimos cambios del Gobierno, el líder independentista verá reducida más o menos su pena, pero en todo caso se adelanta la posibilidad de presentar una eventual candidatura, informa Manuel Marraco. El peor de los escenarios para él sería la inhabilitación hasta julio de 2026 y el mejor, que al entrar en vigor la reforma el TS concluyera que sus delitos han desaparecido.
Precios y becas: arts. 15 y 32
Otra de las enmiendas admitidas, que modifica el artículo 15, quita a la Conferencia General de Política Universitaria su función de limitar los precios de las matrículas: cada región podrá poner los que quiera. Tras las enmiendas de ERC, Junts, PNV y Bildu, el artículo 32 reconoce por otro lado que «las CCAA podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio». El Gobierno sólo regulará una norma «con carácter de mínimos» sobre las modalidades y cuantías «preservando las competencias autonómicas».
Parar las clases: arts. 33
El artículo 33 contempla el derecho de los alumnos a hacer huelga y faltar al aula. Una transaccional acordada con ERC y Bildu elimina el deber de «garantizar el derecho a la educación» de sus compañeros, con lo que se da carta blanca a que se realice un boicot independentista contra los que sí quieren ir a clase.
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