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FP escasa y formación precaria: así alimenta el sistema educativo los altísimos niveles de paro juvenil en España

Los expertos recomiendan impulsar el modelo dual e incentivar a las universidades por su empleabilidad. No creen que dar el título sin límite de suspensos en la ESO ayude a bajar el desempleo

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Cerca de 230.000 chicos y chicas de entre 16 y 25 años que se habían emancipado de sus padres tuvieron que volver al hogar familiar el año pasado, durante la pandemia de Covid, según el INE. La precariedad laboral y la elevadísima tasa de paro juvenil, que no consigue bajar del 30% y es la más elevada de la UE, abocan a miles de jóvenes hacia un agujero sin fondo desde hace lustros. La mayoría de ellos no tiene los estudios que demanda el mercado laboral: o bien dejaron las aulas antes de tiempo o bien se han formado en disciplinas sin salidas profesionales.

El sistema educativo tiene varias deficiencias que no se están corrigiendo al ritmo que marca la UE. Y todas ellas están teniendo efectos negativos en el empleo juvenil, según los expertos. «Con una alta tasa de abandono escolar temprano y un bajo nivel educativo de la población joven, que no llega a titulaciones medias, su adecuación al mercado de trabajo es menor», sintetiza Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y director de Investigación de EsadeEcPol. La tormenta perfecta se produce en un modelo con FP escasa, muchos universitarios y unos campus poco conectados con el mercado laboral, donde el 40% de los empleadores dice que no encuentra los trabajadores que necesita.

Exceso de abandono

La herencia envenenada del dinero fácil

El porcentaje de españoles de entre 25 y 29 años que no ha terminado ningún nivel postobligatorio no terciario (Bachillerato o su equivalente en FP) es del 32% en los chicos y 23% en las chicas, el más elevado de los países de la zona euro. ¿Por qué? «Este hecho refleja una estructura productiva particular, donde las oportunidades laborales para los trabajadores de poca cualificación son abundantes desde muy jóvenes», escribe Aitor Lacuesta, jefe de división de Análisis estructural del Banco de España, en un estudio que analiza la situación laboral de los jóvenes españoles en los últimos 25 años.

Recuerda el boom inmobiliario, que «repercutió en una disminución del nivel educativo de la población». Las generaciones que entraron a trabajar antes de la burbuja «registraban mejoras continuas de formación», pero este crecimiento se detuvo a partir de los nacidos en 1976 «y empezó un estancamiento, o incluso una reversión, de capital humano generación tras generación hasta los nacidos en 1990, que no tuvieron otro remedio que continuar estudiado, ya que no había tantas oportunidades laborales».

A esta herencia envenenada de los años de bonanza, que ha comenzado a corregirse a partir de las generaciones nacidas en 1995, hay que añadirle otro problema: el del nivel académico. «Los resultados en exámenes estandarizados tipo PISA son mediocres en comparación con otros países del área del euro. Es posible que también la educación obligatoria requiera cambios para mejorar su calidad», sostiene Lacuesta.

Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, apunta: «El paro ataca sobre todo a la gente que solamente tiene educación obligatoria. Y tenemos mucha gente que solamente hace la educación obligatoria en parte porque el sistema les expulsa. La educación es muy académica y les obliga a repetir, en lugar de adaptarse a sus intereses y necesidades».

Mucha universidad

Sobrecualificación e infrarrepresentación

Ni el Bachillerato ni la FP de Grado Medio atraen a los jóvenes españoles tanto como en otros países, pero el porcentaje de chicos y chicas de entre 25 y 29 años que terminan un grado terciario (universidad o equivalentes) es de un 43% y de un 55% por un 35% y un 45% en la UE. Hay, por tanto, mayor proporción de universitarios precisamente cuando uno de cada dos empleos que se necesitarán en España en 2025 requerirá únicamente cualificación intermedia. Los expertos enumeran tres «desajustes» en el sistema universitario. El primero es que somos uno de los países de la UE con mayor sobrecualificación, pues el empleo conseguido por un titulado universitario requiere menos formación de la que ostenta el que lo ocupa: el 38% de los graduados están en puestos por debajo de lo que estudiaron, frente al 28% de Italia o el 19% de Alemania.

El segundo desajuste ocurre porque para determinadas profesiones (Humanidades, Historia, Magisterio...) hay una cantidad de titulados mayor que la oferta de trabajo disponible y, a la vez, para otras el número de candidatos es menor y las plazas quedan descubiertas (según el INE, los grados con menos paro en 2019 son Electrónica, Telecomunicación, Aeronáutica e Informática).

«Aunque estas dos situaciones se dan en España por encima de lo razonable, los universitarios españoles se ocupan bastante mejor que los que no disponen de un título, con unos salarios superiores y con una calidad del trabajo también mayor. Mientras las cifras de paro y los salarios primen a los universitarios, a pesar de estos desajustes, no hay incentivos para no acudir a la universidad y buscar otras alternativas», reflexiona Francesc Solé, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Un tercer desajuste refleja la diferencia entre lo que promete el título y lo que el graduado ha aprendido realmente. En otras palabras, el título a veces garantiza unos conocimientos que están por debajo de lo que la profesión a la que va dirigido exige. Existen varias encuestas en las que ocupadores públicos y privados en algunas comunidades autónomas y algunos sectores echan a faltar algunas competencias, como el conocimiento de lenguas extranjeras o las llamadas habilidades blandas (soft skills). Según el último informe Adecco, entre las principales dificultades para reclutar candidatos se señala que estos no cuentan con las competencias técnicas suficientes.

El informe PIAAC, por otra parte, refleja que un universitario español tiene el mismo nivel que un bachiller de Holanda o Japón. Las estimaciones que obtienen los profesores Lorenzo Serrano y Laura Hernández Lahiguera a partir de este trabajo internacional indican que cada punto adicional en PIAAC en Matemáticas aumenta un 0,37% el salario futuro.

Poca apuesta por la FP

El 12% en España frente al 29% en la OCDE

El desempleo juvenil entre los que han estudiado una FP de Grado Medio (16%) o Grado Superior (12%) es mucho menor que entre los que han terminado el Bachillerato (22%). Antonio Cabrales acaba de publicar un estudio en el que evidencia que la FP dual mejora la empleabilidad. El aprendizaje dentro de la empresa permite vincular la adquisición de habilidades con las demandas de los empleadores y reduce desajustes, tal y como ha concluido también Antonio Villar, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Hay consenso entre los expertos en que potenciar este modelo mejoraría la empleabilidad. Las dos medidas estrellas del Gobierno para reducir el paro juvenil son la Ley Orgánica de FP, que la semana pasada fue aprobada por la Comisión de Educación del Congreso, y la creación de más de 200.000 nuevas plazas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ampliación en 3.285 nuevas plazas en lo que definió como una de «las grandes palancas de recuperación». En España, sólo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, frente al 29% de media de la OCDE.

Solé propone «mejorar la percepción de utilidad de la FP, especialmente la de Grado Superior, para redirigir las vocaciones de los jóvenes hacia estos estudios». Y también implantar formación dual en todos los niveles educativos, también en la universidad, así como «fomentar una mayor colaboración entre empresas y centros educativos en el diseño de planes de estudios, para lo que las instituciones necesitarían disponer de mayor autonomía y flexibilidad».

La reforma universitaria

"La clave es dar incentivos a través de la financiación"

Las otras dos reformas del Gobierno, que tienen entre sus fines reducir el paro juvenil, no generan tanto respaldo como la Ley de FP. La primera es la LOSU, que rechazan los rectores, los profesores y los estudiantes. Se la ve con recelo porque «difícilmente va a conseguir que la universidad pública pueda hacer frente a los desajustes e introducir cambios significativos en la mejora de la profesionalización de las titulaciones», apuntan fuentes universitarias. «No creo que la LOSU tenga impacto. Para mejorar la empleabilidad de los universitarios la clave es dar incentivos para que las universidades con mejores índices de empleabilidad tengan un plus de financiación. Y, una vez que se hace esto, se pueden quitar trabas burocráticas para reformar titulaciones», opina Cabrales.

La reforma del suspenso

"Los empleadores restarán valor a los títulos y elevarán el listón"

La otra gran reforma del Gobierno, la Lomloe, conlleva dar el título y permitir pasar de curso sin límite de suspensos en la ESO, mientras que en Bachillerato por primera vez los alumnos podrán graduarse con una asignatura pendiente. La idea es eliminar así las «barreras» que disuaden a los estudiantes a la hora de proseguir sus estudios y reducir las tasas de abandono y fracaso. Los primeros datos muestran un espectacular aumento de la titulación (del 78% al 84%) y de la promoción. Pero esta medida ha abierto un debate en la comunidad educativa y suscita muchas críticas porque muchos consideran que «únicamente maquilla las cifras». «El efecto positivo será en los alumnos que se quedaban a las puertas de pasar de curso y a los que la promoción les estimule a seguir estudiando. El negativo será en todos los demás, por la desmotivación que provoca», dice Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco López Rupérez, director de la cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, señala que «la promoción automática oculta la trampa de la disimulación de los fallos del sistema y, por tanto, la imposibilidad de detectarlos y corregirlos mediante políticas que apelen a los hechos y a sus causas».

«Con este impulso hacia la gratuidad del aprobado y del título de la ESO se reducirá el abandono educativo temprano, pero ello no tendrá consecuencias en la empleabilidad de los jóvenes, que se basa en la obtención de competencias reales. Alguna autonomía inició anticipadamente ese camino y logró rebajar la tasa de repetición con respecto a la media, pero ello no se tradujo luego en una mejora. Ahora, al operar desde la legislación estatal tanto sobre la repetición como sobre la graduación mediante políticas facilistas, todo mejorará en apariencia. Pero, desde el punto de vista del empleo, los empleadores restarán valor a los títulos y elevarán el listón de exigencia, contribuyendo a la llamada sobrecualificación. Si el sistema acepta una formación precaria, buena parte de los jóvenes socialmente desaventajados engrosarán las listas del desempleo», avisa.

La propuesta de López Rupérez es extender la enseñanza obligatoria desde los 16 a los 18 años, pero reforzando el carácter profesionalizante en esos años adicionales de escolarización, con más formación en empresas y un carácter eminentemente práctico y orientado a la vida laboral, al tiempo que se fortalece la FP de Grado Medio y su orientación dual y se amplía la gratuidad de estas etapas.

"Algunos alumnos que finalizan la universidad carecen de competencias básicas"

El Gobierno admite que, a pesar de que España está «por encima de la media de la UE» en universitarios, «algunos alumnos que finalizan estudios terciarios también carecen de ciertas competencias básicas, tanto en el terreno del conocimiento como en el terreno social y emocional, lo que limita en gran medida su entrada y progreso en el mercado de trabajo o en otras esferas de la vida». Así lo expresa en la memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) redactada por el Ministerio de Universidades. En ella también se recoge que la tasa de paro de los titulados universitarios en 2020 era del 10,2% en España, «por encima del 4,82% la UE», aunque «dicha tasa es muy inferior a la de aquellas personas que no están en posesión del título universitario». Ocurre lo mismo con los salarios: los ingresos de un graduado en educación terciaria son un 48% más altos que los de un graduado en Bachillerato, según datos de 2020 de la OCDE y del Ministerio de Educación.

La memoria de la LOSU cita una docena de evidencias empíricas que muestran que la educación superior «aumenta» el salario de los jóvenes y «reduce su probabilidad de estar desempleados». Un informe del Ivie prueba que tener estudios universitarios «aumenta la probabilidad de empleo en 24,4 puntos». Los profesores Chinhui Juhn, Kevin M. Murphy y Brooks Pierce concluyeron en otro trabajo publicado en el Journal of Political Economy que «la mayor calidad de la educación contribuye a mejorar la distribución de la renta», pero, eso sí, «siempre que implique un progreso en las competencias cognitivas».

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