«Se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil», se afirma en la exposición de motivos del llamado Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Pero, en absoluta contradicción con el «marco ágil» endosa el grueso del plan, 7.000 millones en ayudas directas, a las comunidades autónomas, lo que retrasa al menos un mes la entrega del dinero por la necesidad de firma de convenios del Gobierno de Pedro Sánchez con los ejecutivos regionales.
Esta polémica decisión es criticada, aunque acatada, desde el ala de Podemos y tiene dos efectos. Uno, pretende librar al Gobierno central del futuro previsible varapalo del Tribunal de Cuentas por descontrol del dinero. Y otro, un criterio de reparto que beneficia a media docena de comunidades gobernadas por el PSOE y que lideran la tarta en términos por habitante para indignación de las que retiene el PP.
Hay dos artículos clave en el Real Decreto para entender la jugada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con apoyo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el diseño del plan. Por un lado, el artículo 4.4 que responsabiliza a las comunidades autónomas del uso del dinero. Ya avisó Calviño de que ella era reacia a dar ayudas directas, porque en Reino Unido muchas empresas se habían quedado con el dinero y después habían cerrado. Va a ser tan complejo acertar en dar la ayuda a una empresa viable y no a una zombi que Montero ha decidido que el riesgo lo corra otro: «Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla gestoras de los fondos serán las responsables de rendir cuentas, en su caso, ante los órganos de control externo», fija en el artículo 4.4 del Real Decreto. Y les impone además un plazo rápido de entrega bajo pena de perder ayudas.
Por tanto, el Tribunal de Cuentas y demás que vayan a los gobiernos autonómicos a ver qué pasó con el dinero público. Retrasa y complica la ayuda a los que con tanta angustia la esperan, pero libera de presión al Gobierno central. Miembros del ala de Podemos critican esta vía de escape, acusan a Montero y Calviño de desoír sus peticiones y lo señalan como muestra de que nunca quisieron ayudas directas como el equipo de Pablo Iglesias, que es cierto que pidió 8.000 millones hace ya un mes.
La segunda jugada es el reparto de los 7.000 millones, que ha soliviantado ya a las comunidades gobernadas por el PP, por si no hubieran tenido pocos sobresaltos esta semana. Por un lado, se reservan 2.000 millones a Baleares y Canarias, gobernadas ambas por el PSOE, «por el impacto diferencial sobre su economía del mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia». Tal peso es cierto, pero no son únicas. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Málaga, el popular Francisco Salado, replicó que no es menor el daño en la Costa del Sol.
Además, el artículo 2.2 del Real Decreto zanja que el reparto de los otros 5.000 millones de ayudas directas «se distribuirán de manera proporcional a la asignación del REACT EU». Es decir, el mismo criterio usado por Montero para ese fondo europeo y que ya fue polémico aunque, según ella, sigue al de la UE. Los consejeros de Hacienda de las CCAA gobernadas por el PP denunciaron en enero tal reparto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por «sectario».
Con ese criterio y utilizando la referencia habitual de medir la ayuda por habitante, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Navarra serán las más beneficiadas en el nuevo plan de ayudas después de Baleares y Canarias. En esta relación, Baleares recibirá diez veces más que Castilla y León, colista en el reparto.. La Junta acusa al Gobierno de «perjudicar de nuevo a los castellanos y leoneses» y subraya que su comunidad «recibió el 3,35% de los fondos REACT EU, cantidad muy inferior a la distribución que le correspondería con el Sistema de Financiación Autonómica, que ronda el 6%». Solicita reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se une a esta petición el consejero murciano de Presidencia, Javier Celdrán, que espera salvar la moción de censura. Los consejeros de Hacienda de Madrid y Galicia también se moverán.
En resumen, si el dinero se endosa a las CCAA y si se reparte sin consultarlas, lo que destila el Real Decreto no es pasión por la «cogobernanza», sino un camelo para eludir responsabilidades y primar al correligionario. La buena noticia de que va a haber por fin ayudas directas nace con arbitrariedad y desgana..
La efeméride
Fuera de los focos, la que fuera candidata a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, cumplió el jueves dos años como socia del bufete Cuatrecasas en esta semana de infarto para la formación. «Tienes que volver», le dicen sus partidarios por la calle, quejosos de la falta de dirigentes en el partido con la cuantificación de esta abogada del Estado. Su salida no parece haber sido positiva ni para el PP, que no anda sobrado de dirigentes con currículum, ni para ella misma. Gana más, pero la que fuera poderosa vicepresidenta del Gobierno no ha despuntado en Cuatrecasas. No es fácil que un ex político contenido como es ella pueda llenar de clientes la cartera de un bufete. Cuatrecasas la vende así ahora a clientes: «Tiene amplia experiencia asesorando a compañías en relación con el nuevo régimen de inversiones exteriores en sectores estratégicos, aprobado en marzo de 2020 en España».
El personaje
El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha ido acumulando poder en el partido desde su responsabilidad de tesorero y es clave en la torpe moción de censura de Murcia. Está en la picota, porque un buen número de miembros de la Ejecutiva quieren su cese en muestra de que no fue leal con Inés Arrimadas. ¿No fue leal? «No dio información completa a Inés de lo que pasaba en Murcia. Le dijo que nuestros seis diputados estaban comprometidos con la moción, lo que era falso. Tampoco le dijo que el líder socialista murciano con el que se había pactado estaba él mismo imputado por prevaricación», afirma un alto dirigente que cree que Arrimadas debe depurar responsabilidades para distanciarse del error. Malos tiempos para Cs con débil situación financiera. En las últimas cuentas presentadas por Cuadrado en 2019, Cs debía 8 millones a la banca, sobre todo al ICO.
Para seguir
Tras el referéndum ilegal del 1 de Octubre, el jefe de Mediapro, Jaume Roures, declaró a este diario: «No soy independentista. Eso no quiere decir que no reconozca el derecho de mi pueblo a decidir su futuro». Se le atribuyen mil manejos con el independentismo, pero lo que él mismo admite es una visión crítica con el Estado. Por eso es tan llamativo que Mediapro llame a la puerta de precisamente Papá Estado para un rescate financiero, según publicó Expansión. Fuentes conocedoras aseguran que de momento ha sido un sondeo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sin llegar a presentar solicitud formal por ahora. Lo que sí hizo ya Mediapro fue pedir 125 millones de aval al no menos estatal ICO. La crisis ayuda a muchos a ver que la cuarta economía del euro no está tan mal. La Sepi debe aclarar por cierto sus criterios tras su extraña ayuda a la aerolínea Plus Ultra.
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