El consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, declaró el pasado miércoles en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigo por la adjudicación que recibió la empresa Priviet Sportive del Gobierno regional. Se trata del contrato de venta de mascarillasdel que se benefició el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, Ruiz Escudero declaró ante el instructor durante un breve espacio de tiempo y defendió la legalidad del proceso. En la misma línea de lo que ya declaró en rueda de prensa, el alto cargo madrileño recalcó que el procedimiento administrativo fue completamente correcto, que no hubo ningún sobreprecio y destacó que en ningún momento supo que la empresa tenía algún tipo de acuerdo con Tomás Díaz Ayuso. Enfatizó que los técnicos de la Comunidad de Madrid avalaron todo el proceso y que no fue detectada la más mínima irregularidad.
Cabe recordar que la referida contratación de emergencia fue realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, S.L., propiedad del empresario Daniel Alcázar. Este último pagó una cantidad de al menos 55.000 euros posteriormente al hermano de la presidenta por las gestiones que realizó para traer las mascarillas de China.
El pasado 22 de febrero, tras recibir las denuncias de PSOE, Podemos y Más Madrid, el fiscal jefe Anticorrupción dictó un decreto de apertura de las diligencias de investigación sobre la adjudicación del contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid con el objetivo de "practicar algunas diligencias que permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".
Tras la pugna con la Fiscalía Europea, la Fiscalía Anticorrupción centra su investigación en determinar si algún funcionario madrileño contrató con una empresa determinada "inducido por su superior" o si un particular obtuvo de una empresa "una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público" o pudo emitir a una empresa "una factura con datos inveraces" sobre la remuneración percibida. Es decir, el departamento que dirige Luzón quiere averiguar si se han cometido delitos o de tráfico de influencias o falsedad documental.
Esta operación fue utilizada por la anterior dirección del PP para intentar acabar con la carrera política de Ayuso. El pasado mes de agosto, el ex presidente, Pablo Casado, y el ex secretario general, Teodoro García Egea, recibieron la información de que el hermano de la presidenta madrileña había cobrado una comisión en el marco de esta adjudicación y pusieron en marcha una operación en la que se intentó espiar ilegalmente al hermano para conseguir sus cuentas bancarias. EL MUNDO reveló esta maniobra el pasado 16 de febrero y el escándalo provocó la caída de la anterior cúpula del partido.
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