Siempre ha existido cierta dispensa con la verdad en las campañas electorales. Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta en noviembre de 2011 con la promesa de salir de la crisis sin subir los impuestos. Ese diciembre su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros económicos, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, anunciaban el segundo mayor hachazo fiscal de la historia reciente (el primero lo había dado José Luis Rodríguez Zapatero un poco antes). La puesta en escena fue lacrimógena. «No hay dinero en la caja», sollozaron en la rueda de prensa desde La Moncloa. El PP lo pagó en las urnas con más de sesenta escaños.
Pedro Sánchez transformó la dispensa en bula cuando selló la coalición de Gobierno con Pablo Iglesias después de jurar públicamente que jamás lo haría bajo la famosa penitencia del insomnio. Ni siquiera se tomó la molestia de sondear otras posibilidades. La innovación de Sánchez para el género postelectoral fue la elipsis del sonrojo que acarrea el incumplimiento de la palabra. No había nada que explicar. Una mentira más de campaña, ustedes comprenderán. Se convirtió así en el presidente increíble. Ni se le podía creer, ni dicho descrédito le penalizaba en las encuestas. Asombroso.
El empleo de este recurso es un no parar desde entonces. Cuando el pasado febrero el aún vicepresidente Iglesias se arrancó con un ataque a la calidad de la democracia española, la ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó que eran declaraciones que había que «enmarcar en la campaña de las elecciones catalanas». Hace tres semanas Ángel Gabilondo prometió que nunca pactaría con el mismo Iglesias que se había encamado políticamente su jefe y el portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, salió al corte como un central de los 80. «Son declaraciones de candidato», afirmó, y los candidatos pueden mentir como bien sabemos, le faltó añadir.
Las licencias que se autoconceden los cargos públicos para hacerse irresponsables de sus palabras se han cronificado en el momento. Su efecto tóxico se ha filtrado en el proceso de vacunación, que se debió dejar al margen del combate partidista.
Si se pretende que la sociedad acepte sin más que está permitido mentir en campaña electoral, ¿qué debemos esperar de un político cuando las elecciones se suceden una detrás de otra? ¿Qué Pedro Sánchez anunció el pasado martes que el 70% de la población estaría vacunada en verano, el presidente o el candidato encubierto a los comicios madrileños? ¿Cuál de los dos afirma que AstraZeneca es segura y al tiempo que acusa sin pruebas a la Comunidad de Madrid de falsear los datos de contagios?
La transformación del ciudadano en simple elector no obedece a una cuestión de calendario. El Gobierno ha enfocado su gestión como una campaña continua y ello coloca toda su actividad bajo la sospecha de la propaganda, incluso la que ejecutan sus miembros más ortodoxos. Mientras Sánchez anuncia por tercera vez la superación de la pandemia y la recuperación de la economía, Nadia Calviño entierra los presupuestos ante la imposibilidad de que los fondos europeos lleguen a tiempo de catapultar la actividad.
Al final, las previsiones de vacunación se cumplirán mejor que las económicas. Pese a los remilgos que suscita AstraZeneca, habrá una inundación de dosis del resto de compañías en mayo, junio y julio. Otra cosa será el espectáculo propagandístico, que promete no terminar nunca.
Conforme a los criterios de