España se saltará holgadamente durante décadas, si sigue a su actual ritmo, no sólo la actual regla de deuda del Tratado de Maastricht, sino incluso la suavizada que acaba de proponer la Comisión Europea. Así se desprende de los últimos escenarios a largo plazo calculados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentilonihan decidido mantener como límite para considerar una deuda saneada que ésta no represente más del 60% del Producto Interior Bruto, es decir, el fijado en el Tratado de Maastricht. Pero introducen como flexibilidad que baste con que los Estados miembros se comprometan, bajo a un plan de saneamiento de hasta siete años. En él deberán acreditar un recorte sistemático de la deuda encaminado a cumplir en un futuro el requisito del 60% bajo pena de sanción.
Sin embargo, si España no cambia su actual dinámica con sus cuentas, el horizonte que prevé la AIReF es que la deuda bajará ligeramente desde el 113,9% actual, si no hay recesión, a un 108,8% en 2026, donde quedará estancada y, «a políticas constantes» iniciará una nueva subida de largo recorrido. Es decir, que si España no empieza a atacar su desequilibrio estructural, incumpliría también en los próximos siete años y mucho más allá esta regla suavizada. La actual es más dura, pero está en suspenso desde la pandemia y lo que propone Bruselas es reactivarla en 2024, pero ya flexibilizada.
¿Cuánto se alejaría España, a su actual ritmo, del listón del 60% marcado por la UE? Fuentes de la autoridad fiscal remiten a este diario a otro cálculo del pasado julio. En una simulación, estimaron una escalada que llegará, a partir de la próxima década y al menos hasta 2040, a una deuda de entre el 125% y el 140% del PIB. Es decir, una desviación crónica a largo plazo de más del doble del límite de Maastricht con grave peligro para la sostenibilidad de la cuarta economía del euro.
Con el envejecimiento de la población y el déficit estructural actual que arrastra el país no se atisba en el horizonte de este siglo que España llegue a cumplir algún año el límite del Tratado de la UE.
¿Qué hacer? La propia AIReF calcula que recortando el déficit primario al menos un 0,16% del PIB, unos 2.500 millones anuales, se lograría estabilizar la deuda a partir de 2026 siempre que no empeore la prima de riesgo. Pero este ahorro estructural sólo serviría para frenar una subida y no para cumplir la mencionada regla suavizada que defiende, aunque sea en el mencionado horizonte de siete años, una senda clara de recorte del endeudamiento.
De momento, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, declinó respaldar al cien por cien la propuesta de la Comisión Europea, que, para que prospere, deberá ser aprobada, en larga negociación, por los ministros de Economía de la Eurozona para que prospere. «Es una buena base de trabajo», declaró este jueves en Radio Nacional. La vicepresidenta sí respaldó reducir el déficit al listón de Maastricht del 3% del PIB en 2025 y también «bajar el ratio de deuda», aunque no aclaró si por el mero efecto del crecimiento económico o con una senda de ajuste.
En su boletín económico difundido este jueves, el Banco Central Europeo, llama a hacer algo más que dejar que la deuda baja por efecto del crecimiento, si los Estados miembros quieren ayudar en la lucha contra la inflación. «Los Gobiernos deberían aplicar políticas presupuestarias que muestren su compromiso con una reducción gradual de las elevadas ratios de deuda pública. Deberían diseñarse políticas estructurales para aumentar el potencial de crecimiento y la capacidad de suministro de la zona del euro e impulsar su resiliencia, lo que ayudaría a reducir las presiones inflacionistas a medio plazo». Además, el BCE hace un llamamiento a ejecutar más ágilmente los planes con los fondos europeos: «Una rápida aplicación de los planes de inversión y de reformas estructurales en el marco del programa Next Generation EU contribuirá notablemente a estos objetivos».
Calviño ha evitado choques con el BCE en sus declaraciones y ha asegurado que no ha vuelto a hablar con la presidenta, Christine Lagarde, o con el vicepresidente, Luis de Guindos, desde que la institución de Fráncfort propinara un varapalo la semana pasada al impuesto sobre la banca del Gobierno. La vicepresidenta insiste que «es un dictamen preceptivo, pero no vinculante».
El BCE también defiende en su boletín económico medidas contrarias a la actual del Gobierno español de financiar 20 céntimos por litro de carburante a ciudadanos con todo tipo de renta. «Para limitar el riesgo de alimentar la inflación, las medidas de apoyo fiscal para proteger la economía del impacto de los elevados precios de la energía deberían ser temporales y enfocarse a los más vulnerables. Las autoridades deberían proporcionar incentivos para reducir el consumo energético e impulsar el suministro de energía».
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