Tras una interminable instrucción, el juez Antonio Serrrano-Arnal considera desgraciadamente acreditado lo que ha venido publicando EL MUNDO desde la detención de Rodrigo Rato en 2015 al que presenta como una auténtica máquina de delinquir. Lo más vomitivo es que mantuvo ¡tres empresas opacas, tres! en paraísos fiscales desde incluso su época de ministro superando las averiguaciones iniciales. Las mantuvo durante al menos cinco años de ministro (entre 1999 y 2004) y otros tres más (2004-2007) siendo director gerente del Fondo Monetario Internacional. «Desde el año 1999, el investigado Rodrigo de Rato mantenía el control tres sociedades en el extranjero depositarias de elevadas sumas dinero y activos financieros: Red Rose Investment radica en Irlanda, Westcastle Corporation y Red Rose Finantial Enterprise con sede en Panamá». Todas ellas «sin actividad social conocida» y con dinero «de origen desconocido».
Este dato es sólo uno de los horrores que figuran en el auto. En primer lugar, el juez quiere sentarle en el banquillo como evasor fiscal empedernido. El que fuera jefe del aparato económico del Estado y máximo responsable de que los españoles pagaran impuestos no hizo bien sus declaraciones fiscales ningún año de los revisados por la Agencia Tributaria de 2006 a 2015. Cometió múltiples delitos fiscales y contó, lamentablemente, con la complicidad de, entre otros, Telefónica. Su secretario general en la época y hombre de confianza de César Alierta, Ramiro Sánchez-Lerín, le ayudó a evadir, según el auto judicial. El propio Sánchez-Lerín debe ser también sentado en el banquillo al ser «conocedor» de que Rato estaba cobrando a Telefónica servicios personales a nombre de su sociedad Kradonara para rebajar su factura fiscal. Acordó 300.000 euros anuales en 2013 y 2014 y 130.000 euros en 2015.
En segundo lugar, le atribuye blanqueo de capitales a través de las citadas sociedades opacas su matriz posterior en Londres, Vivaway, que controlaba desde una firma en Gibraltar. Desde ella hizo transferencias a su sociedad en Sotogrande, la mencionada Kradonara por valor de 7,8 millones, que fueron blanqueados a través de diversas empresas, incluida la alemana Bagerpleta dueña del inmueble de un hotel en Berlín, según el auto.
En tercer lugar, el juez le atribuye lo más nauseabundo aún, el delito de corrupción. Ve acreditado que siendo presidente de Bankia orquestó un sistema de adjudicación de contratos a las agencias de publicidad Zenith y Publicis por las que se llevó una comisión de más de 800.000 euros a través de Alberto Portuondo. Éste fue agente doble de Bankia y de Zenith y Publicis que deben ser también procesadas como personas jurídicas, según el auto, así como directivos de ambas. El juez acusa también al excuñado de Rato, Santiago Alarcó por el montaje opaco y a su testaferro habitual, Miguel Ángel Montero. El juez incluye también en el delito de corrupción a dos fieles colaboradores de Rato: su secretaria Teresa Arellano y su jefe de comunicación, Miguel Robledo. Su participación delictiva en los hechos no queda nada clara en el auto y quizá los incluye a ver si Rato se apiada al verlos en el banquillo y confiesa para exculparlos, pero si tuvo la frialdad de urdir todo esto, la tiene para cualquier cosa.
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