Nicolás García tiene 36 años, hipoteca y una niña de 7 años a la que tiene que mantener. Es celador de hospital y lleva 14 años trabajando en la sanidad pública balear. Forma parte de una saga familiar de empleados de hospital. Es su hábitat desde que era adolescente. Su familia, de origen gaditano, llegó a Mallorca en busca de trabajo y su madre consiguió un empleo de pinche en las cocinas del antiguo hospital de Son Dureta, el principal centro sanitario de Palma, un edificio ahora en desuso.
Ella se jubiló y volvió a su lugar de origen. Él siguió trabajando. El hijo de aquella emigrante gaditana conocía a la perfección la vida de hospital y, con el tiempo, acabó encontrando allí su lugar. Empezó a trabajar con 22 años, aprendiendo el oficio de celador en los pasillos de Son Dureta.
De esta forma ha ido trabajando año tras año, encadenando contratos temporales...hasta que su nombre ha salido en la lista negra del catalán del Gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol y ha pasado a ser uno de los 3.000 celadores de hospital que han quedado excluidos de las bolsas de empleo del sistema sanitario por aplicación de la política lingüística.
Se han quedado fuera por no tener un título que acredite el conocimiento de la lengua catalana, cooficial en las Islas, requisito para trabajar en la Función Pública desde 2016 por decreto del gobierno del PSOE. Esa normativa, aplicada con efecto retroactivo, ha dejado fuera de las bolsas a una legión de celadores. La lista de excluidos acaba de ser publicada tras un primer plazo de alegaciones. Y ahora, tras un intento infructuoso de que la Justicia balear paralizara el proceso, se prepara la primera denuncia sindical.
«Nos hemos comido toda la pandemia, hemos trabajado en primera línea dejándonos la piel, sin descanso...y nos lo pagan así, echándonos a la calle», explica Nicolás a Crónica días después de leer su nombre en la interminable lista de excluidos, publicada el 15 de junio.
La lista de celadores vetados ocupa 110 páginas, más de 4.000 personas. La inmensa mayoría de ellos han quedado fuera de la bolsa de trabajadores por no tener «capacitación lingüística». Son principalmente españoles, aunque también hay personas de origen extranjero. De ellos, cerca de 3.000 estaban ya dentro de la bolsa de empleo sanitario: les llamaban para hacer sustituciones y cubrir bajas. En no pocos casos llevan más de 10 años trabajando.
«Me saqué uno pero no basta»
Nicolás es celador en el hospital público de Son Llàtzer, y llegó a sacarse un título básico de catalán que ahora, lamenta, ya no le sirve porque lo obtuvo recientemente y además se ha subido el listón de conocimiento. Se exige un nivel bajo, pero requiere titulación. «Por puntuación y méritos estoy de los primeros de la lista pero por no tener el título de catalán estoy fuera», explica. «Dicen que he llegado tarde y en noviembre se me acaba el contrato».
Estos días el teléfono suena con más frecuencia que de costumbre en el área de Sanidad de uno de los principales sindicatos de funcionarios, el CSIF. Han decidido emprender acciones judiciales para impugnar la lista de excluidos de la sanidad por el catalán y están tomando datos e informando a los que quieran sumarse a la denuncia que preparan ante los tribunales.
«Es una escabechina», explica Guillem Vila, uno de los coordinadores del sindicato, que remarca que hay personas con 15 años de experiencia a sus espaldas que se van a quedar fuera de las bolsas laborales por no haberse sacado un título. «Esto es titulitis, va contra el sentido común», señala mientras dice que la criba ha afectado a muchos mallorquines que no tienen problema con la lengua, y «que la entienden o hablan», pero que no han obtenido titulación.
«Es todo política, esto no es como en Cataluña, aquí no hay conflicto social con la lengua pero por política lo están imponiendo», opina Juan Antonio, celador de Urgencias en un hospital público de Palma.
A punto de cumplir 43 años, nacido en la localidad andaluza de Trebujena, ha sido vetado por el catalán. Lleva más de dos años trabajando en el puesto. Llegó a Mallorca de Logroño, donde ya realizó el mismo oficio. Sustituye a un compañero con reducción de jornada, por lo que ahora podría perder el trabajo en cualquier momento. Está desilusionado e indignado con el gobierno. «Esto es una vergüenza, hemos estado al pie del cañón cuando nos han necesitado y ahora nos quedamos fuera y encima con carácter retroactivo; sólo pedimos un poco de humanidad laboral».
Las directrices y regulaciones legales impulsadas por el Govern balear (PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més) son aplicables a toda la administración pública y buscan garantizar que todos los ciudadanos de las Islas puedan ser atendidos en su lengua propia, siendo el catalán lengua oficial de las Baleares junto al castellano. Este es además uno de los principales caballos de batalla de los nacionalistas de Més, socios clave en el gobierno autonómico de Armengol. Consideran que cubre un derecho básico de los catalanoparlantes.
A principios de este año, medio centenar de celadores afectados se unió para llevar el asunto ante la Justicia por su cuenta. Reclamaron una paralización cautelar de la medida, pero se la han denegado porque, alega el juez, el daño podría ser reparado. «El juicio ha sido señalado para junio del año 2024», dice resignado su abogado, Ernesto Florit.
TEMOR A SUFRIR REPRESALIAS
La mayoría de ellos sabe que para entonces ya no tendrá contrato y sólo les quedaría pedir una indemnización. Pero ellos quieren trabajar. Juan Carlos Nieto es uno de aquellos primeros denunciantes. No se rinde, pero a ratos se desanima. «No sé ya qué podemos hacer». Confían en que la ofensiva sindical que ahora está preparándose surta efecto.
«No hemos tenido nunca problemas con los pacientes por la lengua, lo que se necesita para ser un buen celador no te lo da un título, con empatía y calidez humana no hay ningún problema», dice Juan Antonio, que lamenta que no se les considere sanitarios pese al importante papel que desempeñan en los hospitales públicos de las Islas.
Entre los afectados no sólo hay padres de familia. Hay también personas a las que este oficio salvó del paro. «Mi marido tiene casi 60 años, una discapacidad y hace dos años empezó a trabajar como celador», cuenta la esposa de uno de ellos. Muchos prefieren no dar su nombre por vergüenza o temor a represalias. Ahora se quedará sin plaza por no tener el título de catalán.
El Gobierno ha dado tiempos de adaptación a algunos funcionarios públicos y colectivos de sanitarios estratégicos. Los celadores no han tenido esa suerte. La presión nacionalista reclama al gobierno que no haga distingos y exija que todos los empleados públicos dominen el catalán para salvaguardar los derechos de la población catalanoparlante. Esa es la política. Tras ella, el futuro inmediato de más de 3.000 celadores queda pendiendo de un hilo.
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